{"id":1211,"date":"2025-10-05T20:41:22","date_gmt":"2025-10-05T20:41:22","guid":{"rendered":"https:\/\/eloficio.cl\/?p=1211"},"modified":"2026-04-05T23:54:34","modified_gmt":"2026-04-05T23:54:34","slug":"imposibilidad-de-resolver-una-compraventa-de-acciones-por-cambio-sustancial-de-la-empresa-vendida","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/eloficio.cl\/index.php\/2025\/10\/05\/imposibilidad-de-resolver-una-compraventa-de-acciones-por-cambio-sustancial-de-la-empresa-vendida\/","title":{"rendered":"Imposibilidad de resolver una compraventa de acciones por cambio sustancial de la empresa vendida"},"content":{"rendered":"\n
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La resoluci\u00f3n resulta inapropiada en compraventas societarias, pues compromete la estructura de la empresa al revertir efectos patrimoniales que inciden en sus \u00f3rganos de direcci\u00f3n.<\/p>\n<\/blockquote>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

<\/i><\/span>Planteamiento del problema <\/h4>
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\u00bfEs admisible la resoluci\u00f3n por incumplimiento contractual de una adquisici\u00f3n de empresas, celebrada mediante compraventa de acciones de una sociedad an\u00f3nima? Podr\u00eda considerarse que la acci\u00f3n resolutoria ser\u00eda inviable dada la imposibilidad de restituir a las partes al estado anterior al contrato. En efecto, al tratarse de una empresa en marcha, las acciones de la sociedad an\u00f3nima cuya restituci\u00f3n se solicita no ser\u00edan las mismas acciones que fueron objeto de la venta.<\/p>\n\n\n\n

Para abordar esta cuesti\u00f3n, dividir\u00e9 la exposici\u00f3n en tres apartados: (a) los efectos generales de la resoluci\u00f3n; (b) el efecto retroactivo en particular; y (c) algunas reflexiones sobre la resoluci\u00f3n en contratos de compraventa de acciones.<\/p>\n\n\n\n

<\/i><\/span>Los efectos de la resoluci\u00f3n por incumplimiento <\/h4>
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La dispensa del cumplimiento mediante la resoluci\u00f3n constituye uno de los cursos de acci\u00f3n disponibles para el acreedor frente al incumplimiento contractual, junto con la pretensi\u00f3n de cumplimiento espec\u00edfico. La elecci\u00f3n entre ambos remedios queda entregada a la parte que activa la opci\u00f3n prevista en el art. 1489<\/a> CC, atendiendo a sus intereses particulares y a la situaci\u00f3n econ\u00f3mica concreta en que se encuentra (Alcalde, 2015, p. 582).<\/p>\n\n\n\n

La doctrina jur\u00eddica suele conceptualizar la resoluci\u00f3n, como regla general, como una forma de ineficacia sobrevenida que afecta a los contratos sinalagm\u00e1ticos. Se trata de un acto jur\u00eddico que cesa en sus efectos por virtud de una declaraci\u00f3n judicial que lo aniquila retroactivamente (por todos, L\u00f3pez y Elorriaga, 2017, pp. 631, 634-645). Sin embargo, dicha calificaci\u00f3n ha sido objeto de revisi\u00f3n, pues el remedio resolutorio no extingue el contrato en s\u00ed, sino \u00fanicamente las obligaciones primarias que de \u00e9l emanan (Rodr\u00edguez-Rosado, 2013, p. 233). Esta interpretaci\u00f3n permite explicar adecuadamente la subsistencia de cl\u00e1usulas contractuales relevantes incluso despu\u00e9s de acogida la acci\u00f3n resolutoria, como las estipulaciones compromisorias, los deberes de confidencialidad y no competencia, o las limitaciones de responsabilidad.<\/p>\n\n\n\n

Ciertamente, una vez declarada, la resoluci\u00f3n conlleva la liberaci\u00f3n de las obligaciones a\u00fan pendientes de cumplimiento, siendo este efecto liberatorio una consecuencia consustancial e inevitable del remedio resolutorio. La resoluci\u00f3n no torna ineficaz el negocio jur\u00eddico en s\u00ed \u2013cuya validez permanece incuestionable\u2013, sino que pone t\u00e9rmino a la relaci\u00f3n obligatoria como consecuencia de su anormal desenvolvimiento (D\u00edez-Picazo, 2008, p. 816). En ese orden de ideas, es comprensible que el art. 1567 N\u00b0 9<\/a> CC incluya al evento de la condici\u00f3n resolutoria como un modo de extinguir las obligaciones (Mej\u00edas, 2018, p. 71).<\/p>\n\n\n\n

La principal dificultad se presenta cuando las obligaciones \u2013o parte de ellas\u2013 ya han sido cumplidas al momento en que opera la resoluci\u00f3n, escenario en el cual surge la disyuntiva sobre el destino de los desplazamientos patrimoniales efectuados en ejecuci\u00f3n del contrato. En el derecho comparado, la respuesta a esta cuesti\u00f3n dista de ser uniforme, pudiendo distinguirse dos grandes modelos: el de la resoluci\u00f3n no retroactiva<\/em>, seguido por los ordenamientos jur\u00eddicos de la \u00f3rbita del common law<\/em>, en virtud del cual los efectos de la resoluci\u00f3n se proyectan hacia el futuro, liberando a las partes del cumplimiento de las prestaciones a\u00fan pendientes; y el modelo de resoluci\u00f3n retroactiva<\/em>, propio de los sistemas inspirados en la tradici\u00f3n del derecho franc\u00e9s \u2013como el nuestro\u2013, que propugnan la recuperaci\u00f3n de las prestaciones ya cumplidas (Palaz\u00f3n, 2014, pp. 158-169). Como veremos, el denominado efecto restitutorio<\/em> se desenvuelve, precisamente, en este contexto jur\u00eddico.<\/p>\n\n\n\n

A lo anterior cabe agregar los efectos que la resoluci\u00f3n produce respecto de terceros, en especial cuando el adquirente ha dispuesto de la cosa y el acreedor busca recuperarla de manos de terceros poseedores de mala fe, mediante el ejercicio de la acci\u00f3n reivindicatoria ex<\/em> arts. 1490<\/a> y 1491<\/a> CC (m\u00e1s referencias en Mej\u00edas, 2023, pp. 218-221).<\/p>\n\n\n\n

Finalmente, un escenario de incumplimiento resolutorio puede dar lugar a una pretensi\u00f3n de car\u00e1cter indemnizatorio. Aunque el art. 1489 inc. 2 CC compatibiliza expresamente la acci\u00f3n resolutoria con la de indemnizaci\u00f3n de perjuicios, la operatividad de esta \u00faltima exige la producci\u00f3n de un da\u00f1o, esto es, la lesi\u00f3n de un inter\u00e9s del acreedor distinto del mero recupero de la prestaci\u00f3n cumplida. Por ello, cada acci\u00f3n posee \u00e1mbitos de aplicaci\u00f3n diferenciados: mientras la resoluci\u00f3n \u2013adem\u00e1s de liberar a las partes de la relaci\u00f3n obligatoria\u2013 permite recobrar lo pagado antes de su declaraci\u00f3n, la indemnizaci\u00f3n persigue el resarcimiento del da\u00f1o causado por el incumplimiento (Contardo, 2015, p. 177). En ese entendido, aunque el art. 1489 armoniza ambos remedios, cada uno conserva su autonom\u00eda funcional, de modo que el solo acogimiento de la acci\u00f3n resolutoria no implica, por s\u00ed mismo, la existencia de una lesi\u00f3n indemnizable. La procedencia de esta \u00faltima requiere, adem\u00e1s del da\u00f1o, la concurrencia de los presupuestos de imputabilidad, causalidad y previsibilidad, as\u00ed como el ejercicio expreso de la acci\u00f3n correspondiente por parte del acreedor.<\/p>\n\n\n\n

<\/i><\/span>Precisiones sobre el efecto retroactivo <\/h4>
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Aunque el efecto esencial y propio de la resoluci\u00f3n consiste en la liberaci\u00f3n del v\u00ednculo obligacional, dicha consecuencia no suele presentar mayores dificultades, especialmente cuando los intercambios comprometidos por las partes en virtud del contrato a\u00fan no se han verificado (Rodr\u00edguez-Rosado, 2013, p. 235). Las verdaderas complejidades, en cambio, surgen a prop\u00f3sito de las restituciones de las prestaciones que ya han sido ejecutadas. Conviene insistir, en todo caso, en que las restituciones revisten un car\u00e1cter estrictamente eventual, pues s\u00f3lo proceden en la medida que alguno de los intercambios originados en el contrato se haya verificado con anterioridad a la resoluci\u00f3n (Contardo, 2015, p. 155).<\/p>\n\n\n\n

En el derecho chileno \u2013al igual que en los ordenamientos jur\u00eddicos de inspiraci\u00f3n francesa\u2013 el efecto restitutorio suele justificarse en la retroactividad que se atribuye, aunque no sin controversia, a la resoluci\u00f3n contractual (por todos, Corral, 2023, p. 581; C\u00e1rdenas y Reveco, 2021, p. 361). De ah\u00ed que se entienda que la resoluci\u00f3n produce efectos ex tunc<\/em>, al restituir las cosas al estado anterior como si el v\u00ednculo contractual jam\u00e1s hubiese existido (en este sentido, Claro Solar, 1936, p. 195). Sin embargo, la sola idea de que la resoluci\u00f3n opera de este modo resulta dif\u00edcil de asimilar, pues implica asumir \u2013como si fuera cierto, aunque no lo sea realmente\u2013 que el contrato nunca se celebr\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

Prescindiendo de que nuestro C\u00f3digo carece de una regla expresa como el art. 1179 del Code<\/em> de 1804<\/a> \u2013en cuya virtud \u201cla condici\u00f3n una vez verificada tiene efecto retroactivo al d\u00eda en que se contrajo la obligaci\u00f3n\u201d\u2013, resulta m\u00e1s coherente fundar el efecto restitutorio en consideraciones de equidad. Dif\u00edcilmente puede justificarse la retenci\u00f3n de lo entregado o pagado cuando el contratante incumplidor no ha ejecutado las prestaciones que le eran exigibles conforme al contrato. La falta de restituci\u00f3n de las prestaciones ya cumplidas implicar\u00eda, en tal caso, un enriquecimiento injustificado en perjuicio de la otra parte (Clemente Meoro, 1998, pp. 474-475).<\/p>\n\n\n\n

Sobre la base de lo expuesto, la doctrina contempor\u00e1nea ha sostenido que la resoluci\u00f3n contractual, cuando resulta procedente, genera un estado de liquidaci\u00f3n econ\u00f3mica de los efectos del contrato, dentro del cual puede operar, eventualmente, el mecanismo de las restituciones. Este r\u00e9gimen se estructura sobre el principio del enriquecimiento sin causa (Mej\u00edas, 2018, p. 73), en cuanto las restituciones resultan procedentes cuando se ha quebrado la reciprocidad de las prestaciones propias del v\u00ednculo sinalagm\u00e1tico (C\u00e1rdenas y Reveco, 2021, pp. 363-369).<\/p>\n\n\n\n

As\u00ed, si al momento de operar la resoluci\u00f3n las obligaciones derivadas del contrato a\u00fan no han sido cumplidas, \u00e9stas se extinguen de manera definitiva. En cambio, si el contrato ha sido ejecutado parcialmente, proceder\u00e1 la restituci\u00f3n en la medida en que el otro contratante no haya satisfecho la prestaci\u00f3n correlativa.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, trat\u00e1ndose de contratos sinalagm\u00e1ticos, la procedencia y el alcance de las restituciones deben apreciarse conforme a diversos factores, tales como la naturaleza del contrato \u2013si se trata de una ejecuci\u00f3n instant\u00e1nea, diferida o de tracto sucesivo\u2013; el car\u00e1cter restituible o no de las prestaciones comprometidas \u2013como ocurre con el goce de la cosa arrendada, que no admite restituci\u00f3n, a diferencia de la renta, que s\u00ed lo permite\u2013; el cumplimiento \u00edntegro o parcial por parte de los contratantes; y, en definitiva, la modalidad que haya revestido el incumplimiento, ya sea total o parcial (Pe\u00f1ailillo, 2003, pp. 450-453).<\/p>\n\n\n\n

<\/i><\/span>La resoluci\u00f3n y la compraventa de acciones <\/h4>
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De cara a la problem\u00e1tica que motiva estas l\u00edneas \u2013esto es, si el cambio sustancial de la compa\u00f1\u00eda emisora de las acciones objeto de la venta torna inviable el mecanismo resolutorio pactado\u2013, corresponde efectuar dos precisiones preliminares. La primera se refiere al objeto del contrato, mientras que la segunda concierne al r\u00e9gimen normativo aplicable.<\/p>\n\n\n\n

La toma de control de una empresa puede verificarse mediante diversas modalidades. Las m\u00e1s frecuentes son la adquisici\u00f3n directa de activos y pasivos \u2013lo que equivale, en t\u00e9rminos sustantivos, a la compra de la empresa como tal\u2013 y la compraventa de acciones. La primera, conocida como asset deal<\/em>, implica el traspaso total o parcial del patrimonio reflejado en el balance, operaci\u00f3n que puede formalizarse a trav\u00e9s de contratos de compraventa u otros equivalentes. La segunda, denominada share deal<\/em>, consiste en la enajenaci\u00f3n de acciones con el prop\u00f3sito final de obtener el control y la explotaci\u00f3n de la empresa.<\/p>\n\n\n\n

En este \u00faltimo supuesto surge la interrogante acerca del verdadero objeto de la prestaci\u00f3n del vendedor: si se limita a las acciones como tales o si, en realidad, recae sobre la empresa subyacente. Parte de la doctrina comparada ha cuestionado que, en contextos de toma de control, el objeto de la venta se reduzca a las acciones, pues tal enfoque ser\u00eda insuficiente para resolver las disfunciones que afectan los elementos constitutivos de la empresa transferida. En ese marco, el concepto de causa \u2013entendido como la raz\u00f3n de ser del negocio\u2013 permite atribuir relevancia jur\u00eddica a la finalidad de explotaci\u00f3n empresarial, para la cual la compraventa de acciones opera como instrumento funcional (Gimeno, 2013, pp. 8-14).<\/p>\n\n\n\n

Ciertamente, la definici\u00f3n del objeto de la venta ser\u00e1 determinante para establecer el r\u00e9gimen jur\u00eddico aplicable, en particular cuando se produce un incumplimiento. En sociedades an\u00f3nimas abiertas, adem\u00e1s, es preciso distinguir la compra que incide respecto de un paquete accionario, a la adquisici\u00f3n de las acciones para la toma de control de una sociedad.<\/p>\n\n\n\n

La primera modalidad se rige en plenitud por las reglas del derecho com\u00fan, seg\u00fan lo ha sostenido la Corte Suprema (sentencia de 3 de septiembre de 2019, Rol N\u00b0 14.757-2018, cons. 5\u00b0), y, por tanto, ante un incumplimiento que revista notoriedad, se habilita para el acreedor insatisfecho el conjunto de mecanismos de tutela general, entre ellos la resoluci\u00f3n. En cuanto al r\u00e9gimen aplicable a las restituciones, la doctrina suele invocar \u2013no sin debate\u2013 el estatuto de las obligaciones condicionales regulado en los arts. 1486<\/a> a 1488<\/a> del C\u00f3digo Civil, particularmente en lo relativo a aumentos y mejoras, disminuciones y deterioros, p\u00e9rdida de la cosa y frutos (por todos, Ramos Pazos, 2023, pp. 168-169). As\u00ed, quien detenta la cosa sufre los deterioros fortuitos o se beneficia de las mejoras (Contardo, 2015, p. 164). Respecto de los frutos, la regla general es que el deudor puede conservarlos, conforme al art. 1488. No obstante, en materia de compraventa, el art. 1875<\/a> inc. 1 establece una excepci\u00f3n relevante: la resoluci\u00f3n de la venta por falta de pago del precio otorga al vendedor el derecho a que se le restituyan los frutos, ya sea en su totalidad si no se ha pagado ninguna parte del precio, o en proporci\u00f3n a la parte impaga (sobre el alcance de esta disposici\u00f3n, v\u00e9ase Alessandri, 1918, pp. 795-799). En cualquier caso, m\u00e1s all\u00e1 de los cuestionamientos sobre la calidad t\u00e9cnica de dichas normas, no cabe duda de que el supuesto de hecho que las hace aplicables descansa en que el estado de la cosa que debe restituirse difiere del que pose\u00eda al momento de la entrega.<\/p>\n\n\n\n

Trat\u00e1ndose de la compraventa de acciones destinada a adquirir el control de una sociedad, las reglas generales sobre resoluci\u00f3n contractual resultan \u2013en lo sustancial\u2013 aplicables. No obstante, es preciso formular ciertas prevenciones. En primer t\u00e9rmino, la tutela resolutoria aparece como jur\u00eddicamente inadecuada, dadas las complejidades que genera en la gesti\u00f3n administrativa de la empresa. Ello, porque adem\u00e1s del efecto desvinculador entre las partes, la reversi\u00f3n de las consecuencias patrimoniales del contrato supone alterar la composici\u00f3n de los \u00f3rganos de direcci\u00f3n societaria, afectando directamente su estructura funcional (Gimeno, 2013, pp. 108-109).<\/p>\n\n\n\n

Por esta raz\u00f3n, la doctrina promueve la adopci\u00f3n de garant\u00edas convencionales que permitan mitigar los efectos adversos del incumplimiento, mediante mecanismos de ajuste de precio que se adecuen a las particularidades del negocio \u2013v. gr., garant\u00edas de valoraci\u00f3n, pasivos sobrevenidos, activo neto, entre otros, vinculados a la actividad empresarial\u2013. Tales instrumentos suelen incorporar procedimientos contractuales de reclamaci\u00f3n, cl\u00e1usulas sancionatorias y m\u00e9todos de aseguramiento del pago (Cebri\u00e1, 2005, pp. 578-599, 606-623). Dentro de los mecanismos de tutela legal, existen otras v\u00edas que parecen m\u00e1s adecuadas, como la indemnizaci\u00f3n de perjuicios, en el entendido que el contrato no haya dispuesto alguna limitaci\u00f3n para su procedencia (Soler Presas, 2014, p. 90).<\/p>\n\n\n\n

Por otra parte, para determinar el modo en que deben operar las restituciones, resulta indispensable fijar el valor referencial de las acciones, a fin de establecer si, desde la toma de control hasta la resoluci\u00f3n del contrato, dichas acciones han experimentado variaciones patrimoniales, ya sea incrementos o disminuciones. En ese entendimiento, pensamos que la valorizaci\u00f3n de las acciones objeto de la restituci\u00f3n debe ser el de mercado, o sea el que corresponde \u201cal valor de cotizaci\u00f3n que tienen las acciones cuando se transan en un mercado formal o informal, lo que generalmente respecto de un mercado secundario solo ocurre en el caso de las emitidas por sociedades an\u00f3nimas abiertas\u201d (Guerrero y Zegers, 2014, p. 192).<\/p>\n\n\n\n

<\/i><\/span>Bibliograf\u00eda <\/h4>
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