{"id":1254,"date":"2025-10-15T14:11:19","date_gmt":"2025-10-15T14:11:19","guid":{"rendered":"https:\/\/eloficio.cl\/?p=1254"},"modified":"2026-04-05T23:55:51","modified_gmt":"2026-04-05T23:55:51","slug":"regimen-juridico-de-los-establecimientos-de-larga-estadia-para-adultos-mayores-eleam-en-chile","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/eloficio.cl\/index.php\/2025\/10\/15\/regimen-juridico-de-los-establecimientos-de-larga-estadia-para-adultos-mayores-eleam-en-chile\/","title":{"rendered":"R\u00e9gimen jur\u00eddico de los Establecimientos de Larga Estad\u00eda para Adultos Mayores (ELEAM) en Chile"},"content":{"rendered":"\n
<\/span>\"\"
\n
\n

El derecho a la salud y a la integridad corporal del residente constituye un l\u00edmite que priva de validez a toda estipulaci\u00f3n que restrinja el derecho a la seguridad y al cuidado integral de la persona mayor<\/p>\n<\/blockquote>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

Ha llegado la siguiente consulta<\/a> a El Oficio.<\/p>\n\n\n\n

\n

\u201cEn el contexto de una casa para adultos mayores, una adulta mayor de edad nonagenaria sufri\u00f3 una ca\u00edda que le caus\u00f3 la fractura de ambas piernas. \u00bfHay alguna responsabilidad objetiva de las personas que est\u00e1n bajo su vigilancia, respecto de este tipo de da\u00f1os? \u00bfQu\u00e9 validez tendr\u00eda una limitaci\u00f3n expresa de responsabilidad en el contrato o reglamento que suscriben con sus clientes?\u201d<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Para abordar adecuadamente esta materia, se examinar\u00e1n en primer t\u00e9rmino los aspectos generales de la protecci\u00f3n jur\u00eddica de las personas mayores en situaci\u00f3n de dependencia; luego, se analizar\u00e1 el contrato de prestaci\u00f3n de servicios de residencia y el r\u00e9gimen normativo que lo regula; para finalmente emitir opini\u00f3n fundada sobre los dos puntos espec\u00edficos planteados en la consulta.<\/p>\n\n\n\n

<\/i><\/span>Aspectos generales sobre la protecci\u00f3n institucional de las personas mayores en situaci\u00f3n de dependencia <\/h4>
<\/div><\/div>\n\n\n\n

La protecci\u00f3n de los adultos mayores encuentra en Chile un marco normativo que procura asegurar condiciones de dignidad, seguridad y atenci\u00f3n especializada. Los Establecimientos de Larga Estad\u00eda para Adultos Mayores (ELEAM), tambi\u00e9n denominados \u201ccasas de reposo\u201d, se rigen por disposiciones tanto del derecho internacional como del ordenamiento jur\u00eddico interno, configurando un sistema de tutela que articula exigencias sanitarias, est\u00e1ndares de funcionamiento y garant\u00edas de protecci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

En el plano internacional, destaca la Convenci\u00f3n Interamericana sobre la Protecci\u00f3n de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, instrumento que consagra principios orientadores para la promoci\u00f3n y defensa de los derechos de este grupo etario.<\/p>\n\n\n\n

En el \u00e1mbito interno, el r\u00e9gimen jur\u00eddico de los ELEAM se estructura principalmente sobre los siguientes cuerpos normativos. Por una parte, la Ley N\u00b0 19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), establece un sistema de autorizaci\u00f3n, fiscalizaci\u00f3n y promoci\u00f3n de derechos, orientado al bienestar de las personas mayores en situaci\u00f3n de vulnerabilidad. Por otra, el Decreto N\u00b0 20, de 30 de septiembre de 2022, del Ministerio de Salud, aprueba el Reglamento de Establecimientos de Larga Estad\u00eda para Personas Mayores (en adelante tambi\u00e9n el \u201cDecreto\u201d), cuyo objeto es regular la instalaci\u00f3n, operaci\u00f3n y supervisi\u00f3n de dichos establecimientos. Conforme al art\u00edculo 1\u00b0 transitorio, este reglamento entr\u00f3 en vigencia el 1 de octubre de 2025. Finalmente cabe mencionar la Ley N\u00b0 20.422, sobre igualdad de oportunidades e inclusi\u00f3n de personas con discapacidad, aplicable en los casos en que el sujeto de protecci\u00f3n no goce de una vida independiente, o sea aquel estado \u201cque permite a una persona tomar decisiones, ejercer actos de manera aut\u00f3noma y participar activamente en la comunidad, en ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad\u201d (letra a) del art. 3). En fin, tambi\u00e9n debemos mencionar la Ley N\u00b0 18.600, que regula la situaci\u00f3n jur\u00eddica de las personas con discapacidad mental, o sea \u201ctoda aquella que, como consecuencia de una o m\u00e1s limitaciones s\u00edquicas, cong\u00e9nitas o adquiridas, previsiblemente de car\u00e1cter permanente y con independencia de la causa que las hubiera originado, vea obstaculizada, en a lo menos un tercio, su capacidad educativa, laboral o de integraci\u00f3n social (inc. 1 del art. 2).<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 2 inc. 1 del Decreto, se entiende por ELEAM aquel establecimiento en que residen personas de 60 a\u00f1os o m\u00e1s, sin distinci\u00f3n de g\u00e9nero, que por razones biol\u00f3gicas, psicol\u00f3gicas o sociales optan por vivir en un entorno protegido o requieren cuidados diferenciados. Corresponde al SENAMA elaborar las orientaciones y directrices t\u00e9cnicas a las que deber\u00e1n ajustarse estos establecimientos (art. 3\u00b0).<\/p>\n\n\n\n

Para operar legalmente, todo ELEAM debe contar con una autorizaci\u00f3n sanitaria otorgada por la Secretar\u00eda Regional Ministerial (SEREMI) de Salud competente. Esta autorizaci\u00f3n tiene una vigencia de tres a\u00f1os y se renueva autom\u00e1tica y sucesivamente por per\u00edodos iguales, salvo que sea expresamente revocada (art. 6\u00b0). El reglamento establece, adem\u00e1s, exigencias detalladas en materia de infraestructura, instalaciones y equipamiento (arts. 8 y ss.).<\/p>\n\n\n\n

Cada establecimiento debe contar con una direcci\u00f3n administrativa, responsable de la gesti\u00f3n general, y una direcci\u00f3n t\u00e9cnica, encargada de velar por el cumplimiento de las normas sanitarias ante la autoridad competente (arts. 11 y 12). Asimismo, se exige la presencia de personal id\u00f3neo y en n\u00famero suficiente para garantizar una atenci\u00f3n integral a los residentes (arts. 15 a 21). En cuanto al tratamiento de datos personales sensibles, el art\u00edculo 30 impone al personal la obligaci\u00f3n de reserva, conforme a la legislaci\u00f3n vigente en materia de protecci\u00f3n de datos.<\/p>\n\n\n\n

Finalmente, el art\u00edculo 27 dispone que cada ELEAM debe contar con un Reglamento Interno que declare el respeto irrestricto de los derechos y la autonom\u00eda de los residentes, establezca un procedimiento de reclamos, regule el uso de espacios comunes y contemple toda otra materia que determine la direcci\u00f3n t\u00e9cnica.<\/p>\n\n\n\n

En s\u00edntesis, el r\u00e9gimen jur\u00eddico aplicable a los ELEAM configura un sistema de protecci\u00f3n institucional que busca resguardar la dignidad, autonom\u00eda y derechos fundamentales de las personas mayores en situaci\u00f3n de dependencia. Su correcta implementaci\u00f3n constituye un deber \u00e9tico y legal para todos los actores involucrados en la gesti\u00f3n, fiscalizaci\u00f3n y supervisi\u00f3n de estos espacios de cuidado prolongado.<\/p>\n\n\n\n

<\/i><\/span>El contrato de prestaciones de servicios de residencia de la persona mayor <\/h4>
<\/div><\/div>\n\n\n\n

Como advierte la doctrina, en nuestro pa\u00eds el cuidado no se encuentra consagrado como un derecho aut\u00f3nomo y general (Merlet, 2025, p. 95). No obstante, ello no implica una ausencia absoluta de regulaci\u00f3n. En lo que respecta a las personas mayores, el art. 223 del C\u00f3digo Civil establece de manera categ\u00f3rica la obligaci\u00f3n de los hijos emancipados de prestarles cuidado en su ancianidad, en estado de demencia y en toda circunstancia vital que requiera auxilio. Asimismo, cuando la persona mayor se encuentra sujeta a guarda, corresponde al tutor o curador no s\u00f3lo la administraci\u00f3n de sus bienes, sino tambi\u00e9n el cuidado personal de quien no puede gobernarse por s\u00ed mismo (arts. 338 y 340).<\/p>\n\n\n\n

De lo anterior se desprende la existencia de dos sujetos obligados al cuidado de personas mayores: por una parte, los representantes legales del titular del derecho al cuidado; por otra, el cuidador, entendido como \u201ctoda persona que proporciona asistencia permanente, gratuita o remunerada, para la realizaci\u00f3n de actividades de la vida diaria, en el entorno del hogar, a personas con discapacidad, est\u00e9n o no unidas por v\u00ednculos de parentesco\u201d (letra d) del art. 6 de la Ley N\u00b0 20.422).<\/p>\n\n\n\n

Cuando el cuidado es provisto por un ELEAM, el Decreto respectivo contempla resguardos destinados a garantizar que el ingreso obedezca a una decisi\u00f3n voluntaria de la persona mayor, o, en caso de imposibilidad, de quien ejerza su representaci\u00f3n legal. Tal decisi\u00f3n debe constar por escrito en un documento denominado consentimiento voluntario de ingreso. El mismo precepto dispone que \u201cno podr\u00e1n ingresar a estos Establecimientos, Personas Mayores que presenten alguna condici\u00f3n de salud grave u otra patolog\u00eda que requiera asistencia m\u00e9dica continua o permanente\u201d (art. 23). De lo anterior podemos inferir que las normas previstas en el Decreto son aplicables tanto para el supuesto en que la persona mayor es capaz como incapaz.<\/p>\n\n\n\n

Finalmente, el Decreto determina la naturaleza jur\u00eddica del v\u00ednculo entre el ELEAM y el residente o su representante, disponiendo que ambas partes suscribir\u00e1n un contrato destinado a regular el servicio de residencia de la persona mayor, as\u00ed como los cuidados que comprenden la prevenci\u00f3n y mantenci\u00f3n de su salud, la estimulaci\u00f3n de su funcionalidad, el reforzamiento de sus capacidades remanentes y el fortalecimiento de su integraci\u00f3n social (inc. 2 del art. 2).<\/p>\n\n\n\n

La naturaleza jur\u00eddica de este contrato se enmarca dentro de la categor\u00eda de los servicios inmateriales, definidos por el art. 2007 del C\u00f3digo Civil como aquellos que consisten en una sucesi\u00f3n prolongada de actos. Se trata, en efecto, de un contrato oneroso en el cual el prestador se obliga, de manera preponderante, al cumplimiento de una actividad inmaterial, sin perjuicio de incorporar un soporte f\u00edsico: la provisi\u00f3n de una residencia donde se ejecutan los cuidados pactados, todo ello a cambio de un precio (Fuentes, 2023, pp. 280-281).<\/p>\n\n\n\n

Al respecto, el art. 28 del Decreto agrega: \u201cEl Establecimiento deber\u00e1 contar con un formulario del contrato tipo que se celebrar\u00e1 entre el Establecimiento y el (la) Residente o la persona que lo (la) represente, el que deber\u00e1 contener a lo menos las siguientes estipulaciones:<\/p>\n\n\n\n

a. Estipular en forma clara y detallada para los residentes y sus familias, los derechos y deberes de ambas partes y las causales de exclusi\u00f3n del residente.<\/p>\n\n\n\n

b. El contrato consignar\u00e1 la obligaci\u00f3n del Establecimiento de rendir cuenta de los gastos del Eleam que impliquen el uso de los ingresos del residente en caso del cobro delegado de pensiones u otros ingresos, y de elaborar un inventario simple de los bienes que el residente ingrese al Establecimiento; todo lo anterior al menos una vez al a\u00f1o y cuando se d\u00e9 t\u00e9rmino al contrato.<\/p>\n\n\n\n

c. Se proh\u00edbe que el contrato o el reglamento interno contengan disposiciones que atenten contra los derechos fundamentales del (de la) Residente. Tampoco podr\u00e1 condicionarse la firma del contrato a la suscripci\u00f3n por el (la) Residente de poderes especiales o generales a favor de (de la) representante legal, del (de la) director(a) t\u00e9cnico(a) u otro(a) trabajador(a) del Establecimiento.<\/p>\n\n\n\n

d. Inventario de bienes personales con los cuales el o (la) Residente ingrese al Establecimiento.<\/p>\n\n\n\n

e. Nombre de una o m\u00e1s personas de contacto en caso de emergencia, con indicaci\u00f3n del n\u00famero de tel\u00e9fono, correo electr\u00f3nico, si lo hubiere, y domicilio\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Como se advierte, el Decreto regula el contenido m\u00ednimo del contrato, estableciendo un cat\u00e1logo de condiciones generales cuya rigidez no excluye la facultad de las partes para pactar estipulaciones particulares (Garc\u00eda, 1969, pp. 136-137), lo que se desprende del encabezado que se\u00f1ala: \u201cdeber\u00e1 contener a lo menos las siguientes estipulaciones\u201d. Con todo, debe precisarse que las condiciones particulares que se acuerden no pueden traducirse en una vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de la persona mayor residente.<\/p>\n\n\n\n

Las restantes estipulaciones reflejan una especial preocupaci\u00f3n por garantizar el derecho a recibir informaci\u00f3n veraz y oportuna respecto de los derechos y obligaciones de las partes, la protecci\u00f3n de los bienes de la persona mayor y la salvaguarda de su autonom\u00eda, lo que se manifiesta, entre otros aspectos, en la prohibici\u00f3n de otorgar mandatos generales o especiales a los funcionarios del establecimiento.<\/p>\n\n\n\n

<\/i><\/span>La eficacia de las cl\u00e1usulas de limitaci\u00f3n de responsabilidad y el est\u00e1ndar de cuidado de la persona mayor <\/h4>
<\/div><\/div>\n\n\n\n

Como se ha expuesto, el contrato de prestaci\u00f3n de servicios de residencia para personas mayores se configura propiamente como un contrato de servicios inmateriales. Si bien ello podr\u00eda, en principio, justificar su incardinaci\u00f3n en el estatuto previsto por el C\u00f3digo Civil, corresponde preguntarse si dichos servicios encuentran tambi\u00e9n acogida en el r\u00e9gimen jur\u00eddico contemplado por la ley de protecci\u00f3n de los derechos de los consumidores.<\/p>\n\n\n\n

No corresponde a este comentario abordar en detalle la cuesti\u00f3n relativa al \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de la Ley N\u00b0 19.496. Sin perjuicio de ello, resulta pertinente constatar su progresiva expansi\u00f3n, tanto mediante sucesivas modificaciones al texto legal como a trav\u00e9s de su interpretaci\u00f3n jurisprudencial y doctrinal. En ese sentido, la doctrina contempor\u00e1nea advierte que el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n del estatuto de protecci\u00f3n al consumidor \u2013previsto en el art. 2 de la Ley N\u00b0 19.496\u2013 no ha sido formulado en t\u00e9rminos excluyentes (Pinochet, 2024, pp. 239-240), lo que permite extender su alcance a la generalidad de las relaciones jur\u00eddicas que vinculen a consumidores y proveedores.<\/p>\n\n\n\n

Partiendo de estas premisas, lo determinante ser\u00e1 que la relaci\u00f3n contractual se configure entre un consumidor y un proveedor, conforme a los t\u00e9rminos establecidos por la Ley N\u00b0 19.496. En ese marco, no se advierten obst\u00e1culos para incardinar la figura del residente en el concepto legal de consumidor, en tanto constituye el destinatario final de los servicios. Por lo dem\u00e1s, la doctrina especializada (Momberg, 2024, pp. 123-124) es conteste en que el nivel de conocimientos o competencias del consumidor respecto del bien o servicio resulta jur\u00eddicamente irrelevante para efectos de aplicar el estatuto de protecci\u00f3n, incluso en casos en que el residente sea una persona incapaz.<\/p>\n\n\n\n

Lo mismo cabe afirmar respecto del ELEAM, pues tanto desde una perspectiva subjetiva \u2013sea que se trate de una persona natural o jur\u00eddica, con o sin personalidad jur\u00eddica\u2013 como objetiva \u2013en atenci\u00f3n a la actividad que desarrolla, esto es, la prestaci\u00f3n habitual de servicios\u2013, resulta plenamente posible situarlo en la posici\u00f3n jur\u00eddica de proveedor (Momberg, 2024, pp. 148-152).<\/p>\n\n\n\n

En ese contexto, cabe consignar que el consumidor se encuentra premunido de diversos derechos \u2013y tambi\u00e9n de ciertos deberes\u2013, entre los cuales destaca el derecho a la seguridad en el consumo, entendido como la exigencia de que los productos o servicios no causen da\u00f1o a quienes los reciben. Si bien es evidente que el ejercicio de este derecho no implica la eliminaci\u00f3n absoluta de todo riesgo (Corral, 2024, p. 420), pues ello equivaldr\u00eda a consagrar una responsabilidad objetiva en grado extremo, no resulta compatible con la finalidad protectora de la ley la admisi\u00f3n convencional de cl\u00e1usulas que alteren la esencia de dicho derecho.<\/p>\n\n\n\n

Desde esa perspectiva, el derecho a la salud y a la integridad corporal del residente constituye un l\u00edmite infranqueable, que priva de validez a toda estipulaci\u00f3n contractual que pretenda restringir o relativizar el derecho a la seguridad y al cuidado integral de la persona mayor bajo la atenci\u00f3n de un ELEAM. En efecto, la consideraci\u00f3n de la persona mayor como sujeto de especial protecci\u00f3n en los distintos instrumentos legales y reglamentarios impide conferir eficacia jur\u00eddica a cl\u00e1usulas que limiten la responsabilidad del establecimiento frente a eventuales vulneraciones de tales derechos.<\/p>\n\n\n\n

Resta por abordar el \u00faltimo punto consultado, relativo al est\u00e1ndar de diligencia exigible al ELEAM. Como se ha se\u00f1alado, el derecho a la salud y a la integridad corporal de la persona mayor residente constituye un principio rector en los distintos cuerpos normativos aplicables. No obstante, ello no implica que el establecimiento responda en todo evento por los da\u00f1os derivados de una prestaci\u00f3n defectuosa del servicio, pues la responsabilidad requiere la verificaci\u00f3n de una conducta negligente o culposa en el cumplimiento de los deberes de cuidado.<\/p>\n\n\n\n

En consecuencia, la responsabilidad del deudor en este \u00e1mbito se rige por las reglas generales, de modo que el est\u00e1ndar de diligencia exigible al prestador del servicio corresponde \u2013en principio\u2013 al de un buen padre de familia, atendido que se trata de un contrato celebrado en beneficio rec\u00edproco de las partes (art. 1547 inc. 1 del C\u00f3digo Civil). A igual conclusi\u00f3n se arriba mediante la aplicaci\u00f3n del estatuto previsto en la Ley N\u00b0 19.496, conforme al art. 23 inc. 1.<\/p>\n\n\n\n

Con todo, no puede soslayarse que la persona mayor residente puede ser un incapaz, o bien alguien que no puede valerse por s\u00ed mismo, o que presenta alguna discapacidad f\u00edsica. En tal caso, el despliegue del deber de cuidado debe ajustarse a las circunstancias concretas, atendida la especial situaci\u00f3n del sujeto tutelado, lo que exigir\u00e1 \u2013cuando corresponda\u2013 extremar la diligencia en la prestaci\u00f3n del servicio.<\/p>\n\n\n\n

<\/i><\/span>Bibliograf\u00eda <\/h4>
<\/div><\/div>\n\n\n\n