{"id":1332,"date":"2025-11-14T08:00:00","date_gmt":"2025-11-14T08:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/eloficio.cl\/?p=1332"},"modified":"2026-04-06T00:00:03","modified_gmt":"2026-04-06T00:00:03","slug":"se-puede-incumplir-un-contrato-de-confidencialidad-por-razones-de-interes-publico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/eloficio.cl\/index.php\/2025\/11\/14\/se-puede-incumplir-un-contrato-de-confidencialidad-por-razones-de-interes-publico\/","title":{"rendered":"\u00bfSe puede incumplir un contrato de confidencialidad por razones de inter\u00e9s p\u00fablico?"},"content":{"rendered":"\n
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En el derecho chileno s\u00f3lo podr\u00eda incumplirse un acuerdo de confidencialidad en la medida que el secreto divulgado sea contrario a la ley, como puede ser una infracci\u00f3n de naturaleza penal o administrativa.<\/p>\n<\/blockquote>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

<\/i><\/span>Planteamiento del problema <\/h4>
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Presentemos el siguiente caso hipot\u00e9tico: Dos empresas celebran un acuerdo de confidencialidad (\u201cNDA\u201d) con el prop\u00f3sito que una de ellas le intercambie informaci\u00f3n reservada a la otra a fin de que \u00e9sta eval\u00fae su intenci\u00f3n de adquirirla. De esta manera, la parte receptora, al revisar la informaci\u00f3n entregada se percata que la parte divulgadora ha cometido un conjunto de il\u00edcitos, en particular, relacionados con la salud p\u00fablica, y por ello interpone las denuncias correspondientes a la autoridad pertinente.<\/p>\n\n\n\n

La parte divulgadora, ante este escenario legal, demanda a la parte receptora el incumplimiento del NDA, y con ello el pago de la cl\u00e1usula penal pactada.<\/p>\n\n\n\n

La pregunta que cabe hacerse a continuaci\u00f3n es: \u00bfUna parte puede incumplir un contrato de confidencialidad por razones de inter\u00e9s p\u00fablico?<\/p>\n\n\n\n

Para responder esta interrogante, revisaremos en un primer momento lo dicho por el derecho comparado, para luego arribar a una posible soluci\u00f3n para el sistema jur\u00eddico chileno.<\/p>\n\n\n\n

<\/i><\/span>Respuestas dadas por el derecho comparado <\/h4>
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La cuesti\u00f3n planteada ha sido examinada desde las diferentes disciplinas y familias del derecho.<\/p>\n\n\n\n

As\u00ed, en el \u00e1mbito continental, fue el derecho penal \u2013principalmente germano\u2013 quien se aboc\u00f3 a esta tem\u00e1tica, pudiendo distinguirse a grandes rasgos dos posiciones (se recoge esta discusi\u00f3n en: G\u00f3mez Segade, 1974, pp. 121-123; Estrada, 2017, pp. 57-62)<\/p>\n\n\n\n

La primera sostiene que los secretos carentes de licitud deben gozar de protecci\u00f3n jur\u00eddica, y por ello su divulgaci\u00f3n por el receptor debe ser sancionada. Entre los argumentos que se esgrimen para ello es que el receptor \u2013particularmente un trabajador\u2013 no puede convertirse en un censor o un \u00f3rgano de control del empresario. Asimismo, se indica que de no castigarse estos comportamientos se debilitar\u00eda la confianza que debe imperar dentro de una empresa. Finalmente, se a\u00f1ade que el ordenamiento en diversas ocasiones cautela la reserva de informaci\u00f3n con contenido il\u00edcito, como ocurre con el secreto profesional del abogado, de ah\u00ed que se estar\u00eda ante una situaci\u00f3n jur\u00eddicamente an\u00e1loga.<\/p>\n\n\n\n

La segunda, que nos parece m\u00e1s ajustada, consiste en negarle toda fuerza obligatoria a un v\u00ednculo que tiene por prop\u00f3sito mantener la confidencialidad de un secreto il\u00edcito. Para ello se indica, en primer t\u00e9rmino, que no es correcto calificar el receptor de esta informaci\u00f3n -incluido el trabajador- como un mero censor de un empresario, puesto que se olvida al respecto que el derecho penal presupone la capacidad de discernimiento del individuo, y por ello, en caso de que esa violaci\u00f3n de secreto carezca de legitimidad ser\u00e1 civil y penalmente sancionado. Asimismo, la postura examinada en modo alguno disminuye el clima de confianza que debe imperar dentro de una empresa, puesto que la mejor forma de alcanzar tal objetivo es justamente cumplir con la legalidad, mientras que en cambio lo il\u00edcito destruye toda confianza. Acto seguido, se sostiene que no es atendible el argumento en cuanto que en ciertas hip\u00f3tesis el derecho resguarda la confidencialidad de la informaci\u00f3n il\u00edcita, ello puesto que en tales circunstancias existe un bien jur\u00eddico superior a cautelar, como es el derecho a la defensa de un imputado. De esta manera, no se considera razonable mantener la confidencialidad de una informaci\u00f3n il\u00edcita en base a un mero inter\u00e9s patrimonial del divulgador. Por \u00faltimo, se recuerda que la competencia parte de la premisa que los intervinientes se ajustan a la ley, de ah\u00ed que \u201cresultar\u00eda absurdo que eventualmente las normas contra la competencia desleal pudieran amparar la m\u00e1xima deslealtad\u201d (G\u00f3mez Segade, 1974, p. 123).<\/p>\n\n\n\n

Por su parte, en el derecho privado continental, este asunto ha sido examinado a prop\u00f3sito del objeto il\u00edcito del negocio jur\u00eddico (Massaguer, 1989, pp. 65-66; Muruaga, 2025, p. 190).  As\u00ed, siguiendo a Muruaga no ser\u00eda posible otorgar protecci\u00f3n a una informaci\u00f3n il\u00edcita, ya que si se admitiera ello ser\u00eda una perversi\u00f3n del sistema (Muruaga, 2025, p. 190).<\/p>\n\n\n\n

Desde un prisma del derecho laboral, se sostiene que la obligaci\u00f3n de guardar reserva por los trabajadores no alcanzar\u00eda a los il\u00edcitos cometidos por el empleador, tales como infracciones ambientales o delitos (Su\u00f1ol, 2009, p. 447).<\/p>\n\n\n\n

Por \u00faltimo, en el derecho societario se ha destacado que el deber de secreto de los administradores no permite amparar la confidencialidad de actuaciones il\u00edcitas, empero, se destaca que la comunicaci\u00f3n de tal informaci\u00f3n debe destinarse a la instituci\u00f3n id\u00f3nea para recibirla (Farrando, 2001, pp. 190-193).<\/p>\n\n\n\n

Por otro lado, en el \u00e1mbito del common law<\/em>, esta problem\u00e1tica ha sido estudiada especialmente por el derecho ingl\u00e9s a prop\u00f3sito de la public interest defense<\/em> (Brearly y Bloch, 2009, pp. 220-226; Bently et al, 2018, pp. 1256-1260). En el leading case<\/em> de ese ordenamiento se ha establecido: \u201cLa verdadera doctrina es que no existe confianza en lo que respecta a la revelaci\u00f3n de la iniquidad. No puedes convertirme en confidente de un delito o un fraude y tener derecho a obligarme a guardar silencio sobre cualquier secreto que tengas la audacia de revelarme en relaci\u00f3n con cualquier intenci\u00f3n fraudulenta por tu parte: tal confianza no puede existir\u201d (Gartside v. Outram [1856]).<\/p>\n\n\n\n

A partir de esta regla se ha establecido que no puede ser castigado el dependiente que ha revelado informaci\u00f3n contable y de negocios de su empleador si est\u00e1 defraudando a sus clientes; o el empresario en cuesti\u00f3n incumple normas regulatorias o tributarias, o bien, infringe leyes de antimonopolio (Brearly y Bloch, 2009, p. 222). De esta manera, para que las cortes admitan esta defensa ante acciones judiciales el divulgador deber\u00e1 demostrar que, conforme a antecedentes razonables, tiene la creencia que se est\u00e1 ante una situaci\u00f3n de inter\u00e9s p\u00fablico que amerita la violaci\u00f3n de la confidencialidad (Bently et al, 2018, p. <\/a>1258), y que la informaci\u00f3n ha sido entregada a aquella persona que tiene competencia para conocerla, como puede ser la polic\u00eda ante un delito (Brearly y Bloch, 2009, p. 224).<\/p>\n\n\n\n

Por \u00faltimo, debemos mencionar que esta defensa basada en un inter\u00e9s p\u00fablico fue recogida por la Directiva Comunitaria de Secretos Comerciales<\/a>, en particular en su art\u00edculo 5, letra b, que prescribe como excepci\u00f3n a la revelaci\u00f3n de un secreto la siguiente: \u201cb) para poner al descubierto alguna falta, irregularidad o actividad ilegal, siempre que la parte demandada actuara en defensa del inter\u00e9s general\u201d. De acuerdo con esta norma, no estamos ante una infracci\u00f3n al deber de confidencialidad si la informaci\u00f3n secreta \u201c(\u2026) recae sobre il\u00edcitos penales, civiles, administrativos o financieros porque el deber de secreto no obliga a silenciar actuaciones o actividades ilegales\u201d (Bustillo, 2020, pp. 130-131).<\/p>\n\n\n\n

Por \u00faltimo, debemos a\u00f1adir que, para la doctrina germana, en lo que dice relaci\u00f3n a su ley de secretos comerciales<\/a>, se indica que esta excepci\u00f3n no cubre divulgaciones respecto a incumplimientos contractuales y s\u00f3lo ser\u00eda aplicable a violaciones a la ley de cierta extensi\u00f3n, peso y tener pertinencia directa con el inter\u00e9s p\u00fablico. Por tanto, no ser\u00edan objeto de esta excepci\u00f3n las infracciones menores o de larga data que no afectan a un inter\u00e9s p\u00fablico actual (Harte-Badendamm, Ohly y Kalbfus, 2024, p. 375). <\/strong><\/p>\n\n\n\n

<\/i><\/span>Una propuesta de soluci\u00f3n para el derecho chileno <\/h4>
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Finalmente presentaremos una posible respuesta al dilema presentado para el derecho chileno. Sobre ello, creemos que en el \u00e1mbito civil debemos distinguir dos planos. El primero, el estrictamente contractual, y el segundo, en sede de una posible infracci\u00f3n a la Ley de Propiedad Industrial.<\/p>\n\n\n\n

Desde una mirada contractual, siguiendo a Muruaga (2025, p. 211) la obligaci\u00f3n de confidencial tiene una doble naturaleza: positiva y negativa. As\u00ed, supone un hacer consistente en adoptar las medidas razonables para mantener el car\u00e1cter de secreta de la informaci\u00f3n (ex art. 86 letra c) de la Ley de Propiedad Industrial<\/a>), y un no hacer, en cuanto a no compartir tal informaci\u00f3n con otros.<\/p>\n\n\n\n

Partiendo de esta premisa, si el receptor de una informaci\u00f3n relativa a un il\u00edcito penal o administrativo cometido por el divulgador la comunica a terceros \u2013en particular a las autoridades competentes\u2013, y posteriormente es demandado por infringir el pacto de confidencialidad, podr\u00e1 alegar la nulidad absoluta del v\u00ednculo contractual por tener un objeto il\u00edcito. Ello se debe a que nos encontramos ante un hecho moralmente imposible (Corral, 2018, p. 572).<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, esta soluci\u00f3n no ser\u00eda aplicable en la hip\u00f3tesis en que el receptor de esta informaci\u00f3n tuviese s\u00f3lo la creencia razonable de la existencia de una infracci\u00f3n normativa ejecutada por el divulgador, cuando en los hechos, tal violaci\u00f3n es inexistente.<\/p>\n\n\n\n

En tal sentido, en el derecho comparado se admite como excusa al deber de reserva la buena fe por parte del denunciante equivocado (Bently et al, 2018, p. 1258; Harte-Badendamm, Ohly y Kalbfus, 2024, p. 376), empero, tal regla en materia contractual estimamos que no es procedente.<\/p>\n\n\n\n

Ello no s\u00f3lo por estar ante una falta de la diligencia exigible, sino que adem\u00e1s puesto que, en el caso del pacto de confidencialidad, al contemplar una prestaci\u00f3n de no hacer, deber\u00eda ser calificada en ese extremo como una obligaci\u00f3n de resultado (Egusquiza, 1990, p. 104), pudi\u00e9ndose ser liberado el deudor s\u00f3lo ante el caso fortuito, y no por la ausencia de culpa (Pe\u00f1ailillo, 2006, p. 230), que ser\u00eda la hip\u00f3tesis del denunciante de buena fe que ha errado en su juicio sobre la antijuricidad del secreto divulgado.<\/p>\n\n\n\n

En s\u00edntesis, en el caso que se haya suscrito entre las partes un NDA en vistas a una posible transacci\u00f3n, el receptor de la informaci\u00f3n reservada s\u00f3lo quedar\u00e1 exonerado de la responsabilidad contractual en el evento que se declare nulo tal v\u00ednculo por objeto il\u00edcito, puesto que el secreto en cuesti\u00f3n comporta un injusto, como puede ser, una infracci\u00f3n penal o administrativa que pone en riesgo la salud p\u00fablica, conforme al caso planteado. Por el contrario, aquel receptor que comunique la informaci\u00f3n recibida, que crey\u00f3 il\u00edcita cuando ello no es cierto, deber\u00e1 responder por el da\u00f1o causado al incumplir el NDA, destacando que el derecho chileno no se contempla una public interest defense<\/em> de forma expresa.<\/p>\n\n\n\n

Una situaci\u00f3n distinta se presenta si es posible alegar esta defensa ante una acci\u00f3n cimentada en el art. 87 de la Ley de Propiedad Industrial<\/a>, en particular respecto a la siguiente descripci\u00f3n t\u00edpica: \u201c(\u2026) la divulgaci\u00f3n o explotaci\u00f3n de secretos comerciales a los que se haya tenido acceso leg\u00edtimamente pero con deber de reserva, a condici\u00f3n de que la violaci\u00f3n del secreto haya sido efectuada con \u00e1nimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar a su leg\u00edtimo poseedor\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Acerca de esta hip\u00f3tesis la doctrina autorizada (Su\u00f1ol, 2009, p. 442) ha considerado que la revelaci\u00f3n de un secreto comercial justificada por razones de inter\u00e9s p\u00fablico es un supuesto en que no habr\u00eda un \u00e1nimo de obtener un beneficio o causar un perjuicio, de ah\u00ed que no ser\u00eda sancionable como una infracci\u00f3n a la Ley de Propiedad Industrial. No obstante, se destaca que esta defensa implicar\u00e1 que esta comunicaci\u00f3n de este secreto sea efectuada a la autoridad con competencia, todo ello conforme al principio de proporcionalidad (Su\u00f1ol, 2009, p. 449).<\/p>\n\n\n\n

Como conclusi\u00f3n, en el \u00e1mbito contractual s\u00f3lo podr\u00eda incumplirse un acuerdo de confidencialidad en la medida que el secreto divulgado sea contrario a la ley, como puede ser una infracci\u00f3n de naturaleza penal o administrativa, matizando que para la doctrina germana tales violaciones deben ser de cierta entidad y cercana data. Asimismo, nuestro ordenamiento no contempla una excepci\u00f3n general de inter\u00e9s p\u00fablico que de cobertura en sede de responsabilidad contractual al denunciante equivocado de buena fe. Por el contrario, estimamos que, bajo las prescripciones de la Ley de Propiedad Industrial, esta \u00faltima hip\u00f3tesis podr\u00eda tener amparo, puesto que ese tipo de denunciante no exhibir\u00eda el \u00e1nimo desleal requerido por el art\u00edculo 87 de la Ley de Propiedad Industrial.  <\/p>\n\n\n\n

<\/i><\/span>Bibliograf\u00eda <\/h4>
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