{"id":1396,"date":"2025-12-09T08:00:00","date_gmt":"2025-12-09T08:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/eloficio.cl\/?p=1396"},"modified":"2026-04-06T00:03:21","modified_gmt":"2026-04-06T00:03:21","slug":"la-infraccion-a-la-ley-de-datos-personales-puede-ser-un-acto-de-competencia-desleal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/eloficio.cl\/index.php\/2025\/12\/09\/la-infraccion-a-la-ley-de-datos-personales-puede-ser-un-acto-de-competencia-desleal\/","title":{"rendered":"\u00bfLa infracci\u00f3n a la Ley de Datos Personales puede ser un acto de competencia desleal?"},"content":{"rendered":"\n
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Las infracciones a la Ley de Protecci\u00f3n de Datos Personales pueden ser consideradas adem\u00e1s como un il\u00edcito desleal de violaci\u00f3n de normas sancionables por la Ley de Competencia Desleal.<\/p>\n<\/blockquote>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

<\/i><\/span>Planteamiento del problema <\/h4>
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El cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Protecci\u00f3n de Datos (LPD<\/a>), cuya vigencia diferida es para el 1\u00b0 de diciembre de 2026 usualmente se asienta en las facultades sancionatorias que ostentar\u00e1 la Agencia de Protecci\u00f3n de Datos Personales.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, no se repara a menudo que la infracci\u00f3n futura de esta ley tambi\u00e9n puede dar lugar a un acto de competencia desleal cometido por un agente, quien vali\u00e9ndose de la violaci\u00f3n de esta normativa adquiere una ventaja competitiva significativa con relaci\u00f3n al resto.<\/p>\n\n\n\n

Esta problem\u00e1tica es la que ha sido abordada por la sentencia del 19 de noviembre de 2025<\/a> del Juzgado Mercantil N\u00b0 15 de Madrid por la cual se conden\u00f3 a Meta Platforms Ireland Limited (\u201cMeta\u201d) a una cuantiosa indemnizaci\u00f3n, la que rese\u00f1aremos en los siguientes p\u00e1rrafos. Finalizaremos esta entrada con una primera aproximaci\u00f3n de c\u00f3mo se resolver\u00eda esta cuesti\u00f3n en Chile una vez que sean obligatoria las prescripciones de la LPD.<\/p>\n\n\n\n

<\/i><\/span>El caso Meta en Espa\u00f1a <\/h4>
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Un conjunto de 86 empresas editoras de prensa, agencia de noticias y cadenas de radio (\u201cAMI\u201d) que explotan publicidad digital dedujeron demanda de competencia desleal en contra de Meta imput\u00e1ndole el il\u00edcito de violaci\u00f3n de normas respecto de ambas hip\u00f3tesis contenidas en el art. 15 de la Ley de Competencia Desleal de Espa\u00f1a (\u201cLey 3\/1991<\/a>\u201d).<\/p>\n\n\n\n

En lo que nos interesa para esta explicaci\u00f3n nos enfocaremos s\u00f3lo en el supuesto t\u00edpico del apartado 1\u00b0 que prescribe: \u201cSe considera desleal prevalecerse en el mercado de una ventaja competitiva adquirida mediante la infracci\u00f3n de las leyes. La ventaja ha de ser significativa\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Por tanto, dos son las exigencias relevantes de este il\u00edcito: (i) una infracci\u00f3n a una ley, y (ii) que ella le reporte una ventaja significativa a este agente en comparaci\u00f3n a sus competidores. Revisemos por separado estos requisitos conforme se desarrollaron en la sentencia.<\/p>\n\n\n\n

As\u00ed, en lo que dice relaci\u00f3n a la infracci\u00f3n denunciada, se sostiene que Meta, acorde a lo dictado por la Comisi\u00f3n de Protecci\u00f3n de Datos de Irlanda<\/a> (\u201cCPDI\u201d) ha infringido un conjunto de normas del Reglamento General de Protecci\u00f3n de Datos<\/a> (\u201cRGPD\u201d) respecto de sus servicios Facebook e Instagram en lo que dice relaci\u00f3n con la publicidad comportamental, violaci\u00f3n que implica una ventaja significativa respecto de los dem\u00e1s empresas competidoras en el mercado de la publicidad digital de Espa\u00f1a.  <\/p>\n\n\n\n

En t\u00e9rminos generales la imputaci\u00f3n a Meta consistir\u00eda en que, sin contar con una base legal para tratar los datos de sus usuarios, los utiliza para sus servicios de publicidad comportamental que son extremadamente eficientes, puesto que les permite perfilar un cuadro detallado de la vida en l\u00ednea de un internauta (visitas repetidas a un sitio, interacciones, palabras claves, etc.), todo ello a expensas de sus derechos a la intimidad y al respeto a la protecci\u00f3n de sus datos.<\/p>\n\n\n\n

Sobre el per\u00edodo de duraci\u00f3n de la infracci\u00f3n al RGPD se distinguen dos fases.<\/p>\n\n\n\n

Una primera, que se inicia el 25 de mayo de 2018 (fecha de entrada en vigor del RGPD), en la cual Meta invoca como causal de licitud del tratamiento de datos de sus usuarios la contenida en el art. 6.1. letra b) del RGPD referida a que tal actividad es necesaria para la ejecuci\u00f3n de un contrato. Tal base legal fue rechazada por la CPDI, puesto que la elaboraci\u00f3n de perfiles para fines publicitarios no era un aspecto esencial o fundamental de los contratos con las plataformas.<\/p>\n\n\n\n

La segunda, desde el 5 de abril de 2023 al 31 de julio de 2023, en la cual Meta de forma infructuosa invoca como causal de licitud del tratamiento de los datos la prescrita en el art. 6.1. letra f) que alude a un inter\u00e9s leg\u00edtimo. Sobre esta base, la CPDI indica que no se espera que razonablemente el operador de una red social, sin su consentimiento, trate sus datos personales con fines de personalizaci\u00f3n de la publicidad.<\/p>\n\n\n\n

Por tanto, se determin\u00f3 que en un periodo extenso de tiempo Meta infringi\u00f3 las normas del RGPD, al carecer de base de licitud para el tratamiento de los usuarios de Facebook y de Instagram con prop\u00f3sitos de publicidad comportamental. Del mismo modo, se determinaron otras infracciones al RGPD, como son violaciones al principio de lealtad, transparencia y minimizaci\u00f3n de los datos.<\/p>\n\n\n\n

A continuaci\u00f3n, en cuanto al requisito de la obtenci\u00f3n de una ventaja competitiva significativa adquirida mediante la infracci\u00f3n de normas, se indica en la sentencia que esa violaci\u00f3n posibilita que Meta pueda usar datos de millones de usuarios sin carecer de base legal para ello situ\u00e1ndose en un lugar que jam\u00e1s los demandantes podr\u00e1n igualar. Dicha ventaja es enorme por el volumen de la base de datos de Meta en Espa\u00f1a. A mayor abundamiento, se destaca que la demandada no ha fallado en utilizar una tecnolog\u00eda adecuada de perfilamiento, sino en obtener y utilizar datos personales sin contar con autorizaci\u00f3n para ello por un plazo relevante de tiempo.<\/p>\n\n\n\n

Como consecuencia que el Tribunal determin\u00f3 que se dieron cumplimiento a los requisitos del art. 15.1. de la Ley 3\/1991, la sentencia acogi\u00f3 la pretensi\u00f3n indemnizatoria por el lucro cesante reclamado por AMI, el que se identific\u00f3 como las ganancias dejadas de percibir a consecuencia que Meta realiz\u00f3 publicidad comportamental transgrediendo el RGPD, partida indemnizatoria que ascendi\u00f3 a la cantidad de 479 millones de euros, adem\u00e1s de 60 millones y fracci\u00f3n de euros por los intereses legales devengados hasta la fecha de esta sentencia. <\/p>\n\n\n\n

<\/i><\/span>Una propuesta de soluci\u00f3n para el derecho chileno <\/h4>
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La pregunta que cabe hacerse a continuaci\u00f3n es: \u00bfEs posible que la infracci\u00f3n de la LPD de lugar a un acto de competencia desleal, tal como ocurri\u00f3 en el caso Meta? La respuesta es positiva, pero en atenci\u00f3n a otras consideraciones normativas como detallar\u00e9 brevemente.<\/p>\n\n\n\n

El il\u00edcito desleal de infracci\u00f3n de normas jur\u00eddicas tiene lugar cuando un agente en el mercado obtiene una ventaja competitiva significativa como consecuencia de una violaci\u00f3n de una norma de Derecho p\u00fablico, mejorando con ello su posici\u00f3n con relaci\u00f3n al resto de sus rivales que cumplen la regla implicada. El fundamento de esta prohibici\u00f3n es el respeto a la par conditio concurrentium<\/em>, principio inherente a la libre competencia que garantiza la igualdad de todos los operadores econ\u00f3micos en un sector, y que por tanto rechaza toda ventaja que no sea fruto de la propia eficiencia o m\u00e9rito de los agentes, como lo ser\u00eda aquella mejora econ\u00f3mica que tenga como nexo causal la infracci\u00f3n de una norma obligatoria para todos los part\u00edcipes en el mercado (Alfaro, 1991, p. 672)<\/p>\n\n\n\n

Este il\u00edcito desleal no se encuentra especialmente tipificado en la Ley de Competencia Desleal chilena<\/a> (\u201cLCD\u201d), a diferencia de otros ordenamientos jur\u00eddicos que lo recogen como un supuesto espec\u00edficamente descrito en la ley (Alemania, Espa\u00f1a, Argentina, Colombia y Per\u00fa). <\/p>\n\n\n\n

Ahora bien, retornando a nuestro ordenamiento, entendemos que es posible configurar este il\u00edcito desleal acudiendo a la cl\u00e1usula general contenida en el art. 3\u00b0 de la LCD que dice: \u201cEn general, es acto de competencia desleal toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por medio ileg\u00edtimos, persiga desviar clientela de un agente del mercado.\u201d. En este sentido, no cabe duda de que atentar\u00eda contra las exigencias de la buena fe aquel agente que falsee la competencia al obtener una posici\u00f3n privilegiada en el mercado como consecuencia de la infracci\u00f3n de una norma jur\u00eddica (Gonz\u00e1lez, 2025, p. 478).<\/p>\n\n\n\n

En el \u00e1mbito de la jurisprudencia, es interesante dar cuenta que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, en su sentencia Rol N\u00b0 176\/2021<\/a> reconoce que este il\u00edcito puede ser sancionado en el derecho chileno bajo los siguientes supuestos, al decir: \u201c(\u2026) Esta hip\u00f3tesis no se encuentra consagrada en la legislaci\u00f3n chilena, sino que ha sido desarrollada por el derecho comparado y la doctrina. (\u2026) En particular se exige que (i) exista prejudicialidad, vale decir, que la vulneraci\u00f3n de la norma sea previamente declarada por el regulador sectorial o el \u00f3rgano jurisdiccional con competencia en la materia; (ii) que el infractor obtenga una ventaja competitiva a consecuencia de la infracci\u00f3n; y (iii) que dicha ventaja sea significativa\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Dicha posici\u00f3n posteriormente fue ratificada por la Corte Suprema, en su sentencia Rol N\u00b0 28.624-2021<\/a>, que en lo que nos interesa indica: \u201c(i) Que \u00e9l o los demandados hayan cometido un acto de competencia desleal, seg\u00fan lo previsto en el art\u00edculo 3\u00ba de la Ley N\u00ba 20.169, ilicitud que, en el caso de la infracci\u00f3n de leyes sectoriales, exigir\u00eda una declaraci\u00f3n judicial previa, y la generaci\u00f3n de una ventaja competitiva significativa en beneficio del infractor\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Por tanto, siguiendo lo dicho por la Corte Suprema, el il\u00edcito de violaci\u00f3n de normas, como podr\u00eda ser la infracci\u00f3n a la LPD, podr\u00eda ser objeto de una condena en sede competencia desleal. Sin embargo, una cuesti\u00f3n llamativa de ambas sentencias citadas es la existencia del requisito de prejudicialidad, el cual se encuentra ausente en general en el derecho comparado.<\/p>\n\n\n\n

Es m\u00e1s, en la sentencia del caso Meta fue un extremo especialmente rechazado por el Tribunal, puesto que la demandada aleg\u00f3 que la Decisi\u00f3n del CPDI hab\u00eda sido recurrida y por lo tanto no se encontraba firme. Sobre ello, en la precitada sentencia  se declar\u00f3 sobre el punto lo siguiente: \u201cHay que partir de la constataci\u00f3n de que, seg\u00fan la Ley de Competencia Desleal, la calificaci\u00f3n como desleal de la infracci\u00f3n de una norma no es una suerte de sanci\u00f3n general a\u00f1adida a la prevista por la norma vulnerada, sino que supone un il\u00edcito distinto al de la ilegalidad de la actuaci\u00f3n, al tiempo de una sanci\u00f3n distinta a la prevista por la norma vulnerada (\u2026) No existe, de este modo, prejudicialidad ni vinculaci\u00f3n del juez civil por la calificaci\u00f3n que de los hechos hayan podido hacer, en su caso, las autoridades administrativas que pudieran haberlo conocido en el marco de su competencia (\u2026)\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Lo indicado en la sentencia Meta es coincidente con lo expresado por la mayor\u00eda de la doctrina espa\u00f1ola (Alfaro, 1991, p. 711; Massaguer, 1999, p. 438; Soler, 2003, p. 200; Garcia, 2008, p. 393; Emparanza, 2009, p. 258; Palau, 2020, p. 67). Estos autores sostienen que la infracci\u00f3n administrativa es un hecho que debe probar el actor, y por ello no se requer\u00eda una declaraci\u00f3n de ilicitud previa. Luego, al tratarse de un hecho, su prueba concluyente se lograr\u00eda a trav\u00e9s de una resoluci\u00f3n judicial o administrativa que as\u00ed lo declare, aunque ello no es indispensable para configurar la deslealtad de un comportamiento.<\/p>\n\n\n\n

Ahora bien, reconociendo que en la doctrina espa\u00f1ola es com\u00fan esta posici\u00f3n que descarta la prejudicialidad como requisito de este il\u00edcito, es preciso mencionar que ciertos autores (Alfaro, 1991, pp. 711; Massaguer, 1999, p. 438) indican que su sanci\u00f3n puede producir efectos indeseables, ya sea decisiones contradictorias en sedes distintas, o bien, llevar una aplicaci\u00f3n extensiva de este il\u00edcito a supuestos dudosos en donde no existan declaraciones de ilegalidad previa, debiendo en tales casos extremar la prudencia en su castigo.<\/p>\n\n\n\n

En el \u00e1mbito del derecho alem\u00e1n, si bien durante un tiempo se discuti\u00f3 si era proceden la aplicaci\u00f3n de su ley de competencia desleal respecto de una infracci\u00f3n al RGPD (Weber, 2019, p. 910), en la actualidad tal discusi\u00f3n ha sido superada en virtud de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea, de 4 de octubre de 2024<\/a>, y en particular la sentencia del Tribunal Federal de Justicia, de 27 de marzo de 2025<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

En este \u00faltimo litigio un competidor demand\u00f3 en sede de competencia desleal que su rival -un farmac\u00e9utico- comercializaba a trav\u00e9s del market place<\/em> de Amazon medicamentos sujetos a receta sin obtener previamente el consentimiento de los usuarios para procesar sus datos personales. El demandado fue condenado al cese de su actividad y a una indemnizaci\u00f3n de perjuicios por cometer el il\u00edcito de violaci\u00f3n de normas -sin previa sanci\u00f3n de la Agencia de Protecci\u00f3n de Datos-, puesto que el Tribunal determin\u00f3 que no exist\u00eda un consentimiento de los clientes para el procesamiento de sus datos, no bastando en tal sentido un supuesto consentimiento t\u00e1cito por efectuar el pedido de los medicamentos a trav\u00e9s de la plataforma en cuesti\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Volviendo la discusi\u00f3n al derecho chileno resulta evidente que este asunto merece un tratamiento exhaustivo que no es propio de esta entrada. En tal sentido, surgen cuestiones complejas que deben ser resueltas, como lo son, a modo de ejemplo, la preferencia t\u00e9cnica que deber\u00eda respetarse a la Agencia de Protecci\u00f3n de Datos por sobre otras instancias generales, o bien, como actuar ante casos dudosos o en los cuales existan decisiones contradictorias en la jurisprudencia (Ullmann, 2003, p. 388).<\/p>\n\n\n\n

A pesar de lo dicho, estimo que s\u00ed es posible formular al menos la siguiente aproximaci\u00f3n respecto del il\u00edcito de violaci\u00f3n de normas en el \u00e1mbito de la protecci\u00f3n de datos en Chile, pudiendo darse cuenta de las siguientes hip\u00f3tesis.   <\/p>\n\n\n\n

La primera<\/em> es que no deber\u00eda ser sancionado un agente cuyo comportamiento fue expresamente permitido por un acto administrativo de la Agencia que no ha sido declarado nulo, o bien, que se haya sometido en su actuar a las instrucciones o interpretaciones dadas por ese \u00f3rgano especializado.  <\/p>\n\n\n\n

La segunda <\/em>es que tampoco podr\u00eda ser objeto de castigo una persona respecto de la supuesta infracci\u00f3n de una norma primaria cuyos alcances no se encuentran definidos de manera detallada en la LPD. En tal caso, la competencia para especificar dicha norma primaria de conducta le corresponde a la Agencia a fin de mantener la coherencia sistem\u00e1tica en el ordenamiento.<\/p>\n\n\n\n

La tercera<\/em>, estimamos que s\u00ed podr\u00eda ser objeto de condena por violaci\u00f3n de normas aquel agente de mercado que trate datos sin contar con una base de ilicitud para ello, puesto que estamos ante una ilegalidad objetiva que no requiere de un an\u00e1lisis jur\u00eddico detallado. En tal sentido, conforme el art. 12, inciso final, y el art. 13, inciso final, ambos de la LPD, al responsable del tratamiento de datos le corresponder\u00e1 probar la licitud de su actividad, y por consiguiente, ante la ausencia de tal evidencia, el tribunal civil competente estar\u00e1 habilitado para condenar al infractor por el il\u00edcito de violaci\u00f3n de normas, todo ello en la medida que se cumplan los dem\u00e1s requisitos enunciados de este supuesto.  <\/p>\n\n\n\n

Sobre este extremo, esta es una l\u00ednea que ha seguido otras agencias respecto del il\u00edcito de violaci\u00f3n de normas, como el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protecci\u00f3n de la Propiedad Intelectual del Per\u00fa (INDECOPI, 2020, p. 40<\/a>) y fue esbozada en el voto de minor\u00eda en la sentencia Rol N\u00b0 28.624-2021 de la Corte Suprema.<\/p>\n\n\n\n

Finalmente, no ser\u00e1 discutible que proceder\u00eda la sanci\u00f3n de este il\u00edcito desleal si la infracci\u00f3n ha sido establecida por un acto administrativo o por una sentencia judicial no pendientes de revisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

En s\u00edntesis, una vez que entre en vigor la LPD, los responsables del tratamiento de datos no s\u00f3lo podr\u00edan ser condenados a las altas multas por parte de la Agencia de Protecci\u00f3n de Datos Personales, sino que, adem\u00e1s, pueden ser objeto de acciones basadas en la LCD, en particular por la comisi\u00f3n del il\u00edcito desleal de violaci\u00f3n de normas que es sancionable en virtud de la cl\u00e1usula general del art. 3 de la LCD.    <\/p>\n\n\n\n

<\/i><\/span>Bibliograf\u00eda <\/h4>
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