{"id":1416,"date":"2025-12-23T08:00:00","date_gmt":"2025-12-23T08:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/eloficio.cl\/?p=1416"},"modified":"2026-04-06T00:04:11","modified_gmt":"2026-04-06T00:04:11","slug":"sentencias-interesantes-de-2025-en-derecho-de-sociedades","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/eloficio.cl\/index.php\/2025\/12\/23\/sentencias-interesantes-de-2025-en-derecho-de-sociedades\/","title":{"rendered":"Sentencias interesantes de 2025 en derecho de sociedades"},"content":{"rendered":"\n
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En esta entrada presento mi selecci\u00f3n de las tres sentencias m\u00e1s destacables de la Corte Suprema dictadas durante 2025 en materia de derecho de sociedades (en sentido lato, entendido como el derecho de las business organizations<\/em>). Son tres fallos a los que pienso que merece la pena dedicar atenci\u00f3n. No se trata de las mejores sentencias, ni tampoco de los casos m\u00e1s interesantes o entretenidos: son solo los casos m\u00e1s destacables seg\u00fan mi personal opini\u00f3n. Al seleccionar no consider\u00e9 si lo razonado por la Corte Suprema me parec\u00eda correcto o incorrecto, pero resulta que, matices aparte, estoy sustancialmente de acuerdo con lo fallado en las tres sentencias que me parecieron m\u00e1s destacables.<\/p>\n\n\n\n

Restring\u00ed mi revisi\u00f3n a sentencias de la Primera Sala pronunciadas fallando recursos de casaci\u00f3n en el fondo (ya sea de manera aislada o junto con casaci\u00f3n en la forma). Adem\u00e1s, descart\u00e9 aquellas en que la Corte Suprema rechaz\u00f3 el recurso por motivos meramente formales, ya sea declar\u00e1ndolo inadmisible o por manifiesta falta de fundamento. Fueron varias las materias en que la Corte Suprema se abstuvo de fallar un caso de inter\u00e9s sobre problemas sustantivos acerca de los que tiene pocas ocasiones de pronunciarse, solo porque el recurrente omiti\u00f3 denunciar como infringida alguna norma. Lamentable interpretaci\u00f3n, formalista en exceso, que nos priva de un cuerpo de jurisprudencia muy beneficioso para todo el sistema. Violar una norma es traicionar el completo ordenamiento, que conforma una unidad org\u00e1nica. Y caramba, iura novit curia<\/em>.<\/p>\n\n\n\n

En fin. Aqu\u00ed va mi medallero personal.<\/p>\n\n\n\n

<\/i><\/span>Medalla de bronce. Scerez y Molina Limitada con Plaza del Tr\u00e9bol y otros<\/em> <\/h4>
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<\/i><\/span>Corte Suprema, 20 de noviembre de 2025, rol N\u00b0 835-2024 <\/h5>
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El 23 de febrero de 2012 se produjo un incendio al interior del Mall Plaza del Tr\u00e9bol, que afect\u00f3 varios locales comerciales, entre los cuales est\u00e1 el arrendado por la Sociedad Scerez y Molina Limitada, de venta de comida r\u00e1pida. El incendio comenz\u00f3 en un sector del mall cuyo arrendatario era Ripley Store Limitada, donde esta multitienda hab\u00eda efectuado algunas instalaciones irregulares. De acuerdo con informes de Bomberos y Carabineros, algunas circunstancias imputables a la retailer<\/em> o bien a la arrendadora agravaron el incendio, tales como la obstrucci\u00f3n de los puntos de la red seca o el mal funcionamiento del sistema de rociadores.<\/p>\n\n\n\n

Scerez y Molina demand\u00f3 la responsabilidad extracontractual por los da\u00f1os emergentes causados a sus locales comerciales. Los demandados fueron su arrendadora, Mall Plaza del Tr\u00e9bol, Ripley Store y otras dos empresas del grupo Ripley: Ripley Chile S.A. (matriz de Ripley Store) y Comercial Eccsa S.A. (una integrante del grupo que vende los productos comercializados por Ripley Store, y cuya acumulaci\u00f3n agrav\u00f3 las circunstancias del incendio). Muchas son las cuestiones interesantes en este caso, como la del c\u00famulo de responsabilidad contractual y extracontractual de la arrendadora y la extensi\u00f3n de la cl\u00e1usula compromisoria del arrendamiento a esta \u00faltima. Desde el punto de vista societario, interesa detenerse en la eventual responsabilidad civil de los miembros de un grupo empresarial por el hecho de uno de sus integrantes.<\/p>\n\n\n\n

En primera y segunda instancia, Ripley Chile y Eccsa fueron condenadas \u2013junto con las dem\u00e1s demandadas\u2013 al pago de una indemnizaci\u00f3n de m\u00e1s de $250.000.000. Frente a sus excepciones de falta de legitimaci\u00f3n pasiva, los jueces del fondo consideraron que la matriz tiene la capacidad de \u201cdirigir las pol\u00edticas operativas y financieras de una empresa para obtener beneficio de sus actividades, empresas respecto de las cuales se encuentra la filial Ripley Store Ltda.\u201d; adem\u00e1s, \u201cla sociedad matriz tom\u00f3 en consideraci\u00f3n el incendio acaecido el 23 de febrero de 2012 como un elemento avaluado dentro de su balance anual, asimilando como un lucro cesante la p\u00e9rdida financiera que le produjo en sus arcas\u201d. Los jueces de la instancia reconocen no se aprecia una instrumentalizaci\u00f3n abusiva de la personalidad jur\u00eddica societaria en fraude a la ley o a los derechos de terceros, pero s\u00ed que \u201cexiste una identidad patrimonial por integrar ambas sociedades un mismo grupo empresarial con un controlador com\u00fan y que este conglomerado asumi\u00f3 un rol dentro de las consecuencias del incendio [\u2026] del cual derivan efectos jur\u00eddicos-procesales, participando de esta manera en la legitimaci\u00f3n pasiva en una acci\u00f3n como la de autos\u201d (cdo. 7\u00b0 de la sentencia de casaci\u00f3n).<\/p>\n\n\n\n

Ripley Chile y Eccsa dedujeron recurso de casaci\u00f3n en el fondo. En lo que aqu\u00ed interesa, afirman que la sentencia recurrida infringi\u00f3 los arts. 545<\/a> y 2053<\/a> del C\u00f3digo Civil (CC), al prescindir de su propia personalidad jur\u00eddica confundi\u00e9ndola con la de Ripley Store. La Corte Suprema acogi\u00f3 este cap\u00edtulo del recurso, rechazando los dem\u00e1s, y consiguientemente dict\u00f3 sentencia de reemplazo en la que revoca la sentencia de primera instancia, eximiendo del pago de la indemnizaci\u00f3n a estas dos empresas del grupo empresarial. En lo dem\u00e1s, confirm\u00f3 lo fallado por los jueces de grado, condenando tanto a Mall Plaza del Tr\u00e9bol como a Ripley Store al pago de aquella suma.<\/p>\n\n\n\n

La Corte Suprema comienza por confirmar su adhesi\u00f3n a la doctrina del levantamiento del velo, pero advierte que \u201cesta t\u00e9cnica judicial debe ser considerada como un recurso excepcional, ya que un abuso del mismo podr\u00eda menoscabar la protecci\u00f3n que se debe a las sociedades, a su personalidad jur\u00eddica y su patrimonio separado, elementos esenciales no s\u00f3lo desde un punto de vista jur\u00eddico sino tambi\u00e9n econ\u00f3mico\u201d (cdo. 22\u00b0 de la sentencia de casaci\u00f3n). De ah\u00ed que recuerde la necesidad de que concurra no solo una identidad patrimonial de las sociedades de cuya separaci\u00f3n patrimonial se prescinde, sino tambi\u00e9n de \u201cla instrumentalizaci\u00f3n abusiva de tales sociedades para la consecuci\u00f3n de un fraude a la ley o a los derechos de terceros\u201d (cdo 23\u00b0 de la sentencia de casaci\u00f3n). Ahora bien, aunque en opini\u00f3n de la Corte Suprema hay aquella identidad patrimonial entre los demandados del grupo Ripley, los jueces del fondo fueron expl\u00edcitos en que no hubo fraude y, por lo tanto, debieron rechazar la demanda a su respecto.<\/p>\n\n\n\n

Pienso que la doctrina del levantamiento del velo debe ser revisada, por prestarse a decisiones vulgarizadoras en aras de una justicia material que bien podr\u00eda alcanzarse aplicando de forma rigurosa el derecho de la responsabilidad civil. Pero debe celebrarse que, al menos, la Corte Suprema sea consciente del riesgo de abuso y no la aplique de forma rutinaria. Con todo, debe observarse que incluso el requisito de la identidad patrimonial no se configura con la sola constataci\u00f3n de que las demandadas \u201cconstituyen un holding o grupo empresarial, esto es, una forma de integraci\u00f3n empresarial compuesta por una sociedad dominante en el grupo que controla a las filiales\u201d, como consider\u00f3 la Corte (cdo. 24\u00b0 de la sentencia de casaci\u00f3n). Por el contrario, debe mirarse si, en la realidad econ\u00f3mica, las personas jur\u00eddicas resultan para terceros indiscernibles unas de otras. Cabe exigir una sustancial identidad en la composici\u00f3n del capital de las filiales, o la ausencia de accionistas distintos de la matriz en la filial, cosa que no se verifica solo porque todas formen parte de un grupo empresarial, por aplicaci\u00f3n del amplio art. 96 de la Ley N\u00b0 18.045 de 1981, Ley de Mercado de Valores<\/a> (LMV), cuyo prop\u00f3sito \u2013lo advierte la propia Corte Suprema en la sentencia del caso Microblend<\/em>\u2013 es solo de \u00edndole regulatoria. Falta hilar m\u00e1s fino.<\/p>\n\n\n\n

<\/i><\/span>Medalla de plata. Microblend Chile SpA<\/em> <\/h4>
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<\/i><\/span>Corte Suprema, 15 de julio de 2025, rol N\u00b0 269-2024 <\/h5>
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Microblend Chile SpA, empresa dedicada a la comercializaci\u00f3n de pintura, cay\u00f3 en liquidaci\u00f3n concursal tras haber incumplido un acuerdo de reorganizaci\u00f3n. Uno de los acreedores que verific\u00f3 cr\u00e9ditos en esta liquidaci\u00f3n fue Moneda Renta CLP Fondo de Inversi\u00f3n (Moneda Renta), fondo regulado por la Ley N\u00b0 20.712 de 2014, llamada Ley \u00danica de Fondos (LUF).<\/p>\n\n\n\n

El cr\u00e9dito de Moneda Renta se deriva de operaciones de financiamiento respaldadas por varios pagar\u00e9s; su monto asciende a cerca de US$ 13 millones, y constituir\u00eda algo m\u00e1s de dos tercios del pasivo de la empresa deudora. Antes de los procedimientos concursales, Microblend y Moneda Renta hab\u00edan pactado una reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito, contrato en virtud del cual se acord\u00f3 que Microblend modificar\u00eda sus estatutos sociales para aumentar su capital con cargo a la creaci\u00f3n de una acci\u00f3n de una serie creada al efecto, que ser\u00eda suscrita por Moneda Renta y que se mantendr\u00eda en vigor mientras no se pagara la totalidad del cr\u00e9dito reestructurado. Las preferencias asociadas a esta golden share <\/em>consist\u00edan, entre otras, en designar a uno de los tres directores y, en caso de mora en el calendario de pagos del cr\u00e9dito reestructurado, a dos directores. Hasta poco antes de abrirse los procedimientos concursales, Moneda Renta hab\u00eda designado a uno de los directores de Moneda AGF para el directorio de Microblend (hubo de renunciar por incurrir en la inhabilidad del art. 35 N\u00b0 3 de la Ley N\u00b0 18.046 de Sociedades An\u00f3nimas<\/a>, LSA).<\/p>\n\n\n\n

Sodimac S.A., otra acreedora de Microblend, impugn\u00f3 el cr\u00e9dito verificado por Moneda Renta. No cuestion\u00f3 ni su monto ni, en lo que aqu\u00ed interesa, sus preferencias, sino el no haberse se\u00f1alado que se trata de un cr\u00e9dito con persona relacionada. En efecto, para definir qui\u00e9n es persona relacionada para efectos concursales, el art. 2\u00b0 N\u00b0 26 de la Ley N\u00b0 20.720 de 2014, Ley de Reorganizaci\u00f3n y Liquidaci\u00f3n de Empresas y Personas<\/a> (LRLEP), se remite al art. 100 LMV<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Moneda S.A. Administradora General de Fondos (Moneda AGF), representando al fondo, se opone a la impugnaci\u00f3n argumentando que mal podr\u00eda ser persona relacionada un fondo que no es persona. En efecto, el art. 100 letra d) LMV se refiere a \u201ctoda persona<\/em> que, por s\u00ed sola o con otras con que tenga acuerdo de actuaci\u00f3n conjunta, pueda designar al menos un miembro de la administraci\u00f3n de la sociedad\u201d. Y Moneda Renta no es persona, sino un \u201cpatrimonio de afectaci\u00f3n integrado por aportes realizados por part\u00edcipes destinados exclusivamente para su inversi\u00f3n en los valores y bienes que esta ley permita, cuya administraci\u00f3n es de responsabilidad de una administradora\u201d (art. 1\u00b0 letra b) LUF<\/a>).<\/p>\n\n\n\n

La Corte Suprema cas\u00f3 de oficio la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago por no haberse valorado documental rendida en segunda instancia que acreditaba las facultades de Moneda Renta para elegir al menos un director de Microblend y, en sentencia de reemplazo, acogi\u00f3 la impugnaci\u00f3n de Sodimac. Puesto que la golden share <\/em>de Moneda Renta le permite elegir al menos un director, el fondo es persona relacionada de la empresa deudora y, por consiguiente, su cr\u00e9dito \u2013\u00a1dos tercios del pasivo!\u2013 queda pospuesto al pago de las dem\u00e1s deudas y privado del derecho a voto en las juntas de acreedores.<\/p>\n\n\n\n

La sentencia me parece relevante, primero, por motivos concursales. La Corte Suprema valida que la verificaci\u00f3n de cr\u00e9ditos es una oportunidad procesal para discutir la condici\u00f3n de persona relacionada de un acreedor, pese a no tratarse de una circunstancia indicada en el art. 174 LRLEP<\/a>. Adem\u00e1s, la sentencia pone de relieve el car\u00e1cter expansivo de los conceptos del T\u00edtulo XV de la LMV, sobre grupos empresariales: son no solo relevantes para determinar las obligaciones de informaci\u00f3n a que se refieren sus arts. 101 y 102, sino tambi\u00e9n para efectos concursales (y tambi\u00e9n para otros efectos). Esta sentencia sirve de advertencia acerca de la cara oscura de las golden shares<\/em>: asegurarse un asiento en el directorio de mi deudor suena bien, pero si eso significa que mi cr\u00e9dito se posponga en el concurso, quiz\u00e1s deba conformarme con un covenant<\/em> de \u201cbuen comportamiento\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Desde el punto de vista del derecho de las business organizations<\/em>, la sentencia recuerda el estatuto jur\u00eddico del fondo de inversi\u00f3n. El art. 1\u00b0 letra b) LUF, al definirlo como patrimonio de afectaci\u00f3n, adhiere a \u201cla denominada doctrina objetiva o finalista del patrimonio, que postula que el sujeto de derecho es el inter\u00e9s jur\u00eddicamente protegido, el que ser\u00e1 subjetivo si es una persona y objetivo si es una finalidad a la que la ley considera relevante proteger\u201d (sentencia de reemplazo, cdo. 2\u00b0). Se puede ser sujeto de derechos y obligaciones, y no ser persona jur\u00eddica; se puede ser \u201cpersona relacionada\u201d y no ser persona en sentido t\u00e9cnico. Sigue la Corte afirmando que el T\u00edtulo XV de la LMV debe estimarse aplicable a los fondos de inversi\u00f3n. \u201cConcluir lo contrario, atentar\u00eda contra el esp\u00edritu de creaci\u00f3n del concepto legal de \u2018persona relacionada\u2019 que busca simplemente prevenir los conflictos de inter\u00e9s y fomentar la transparencia en el mercado econ\u00f3mico\u201d (cdo. 8\u00b0). El prop\u00f3sito regulatorio de la normativa, indiferente a las categor\u00edas dogm\u00e1ticas, impone una interpretaci\u00f3n amplia de la palabra \u201cpersona\u201d de que se vale el art. 100 letra d) LMV.<\/p>\n\n\n\n

<\/i><\/span>Medalla de oro. Comsa S.A.U. con Serret Gili<\/em> <\/h4>
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<\/i><\/span>Corte Suprema, 17 de febrero de 2025, rol N\u00b0 19789-2023 <\/h5>
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Comsa S.A.U. es una sociedad an\u00f3nima constituida en Espa\u00f1a. Se trata de la accionista mayoritaria de Comsa Chile S.A., cuyo negocio es el desarrollo de proyectos de obras civiles y de ingenier\u00eda. De acuerdo con los hechos asentados por los jueces del fondo, el gerente general de esta \u00faltima sociedad \u2013que parece haberla administrado sin un contrapeso efectivo del directorio\u2013 enviaba al accionista mayoritario informaci\u00f3n financiera que suger\u00eda el atractivo de los negocios de la compa\u00f1\u00eda. Al mismo tiempo, este gerente le propon\u00eda al accionista mayoritario aprobar y suscribir reiterados aumentos de capital con el objeto de salir al paso de una transitoria crisis de liquidez, cosa que efectivamente Comsa S.A.U. hizo por un total de $21.513.933.000. El desarrollo de los acontecimientos demostr\u00f3 que los negocios de la compa\u00f1\u00eda distaban de ser promisorios, la informaci\u00f3n proporcionada por el gerente general se consider\u00f3 gravemente errada, y los aumentos de capital resultaron ruinosos para la accionista mayoritaria.<\/p>\n\n\n\n

La matriz demand\u00f3 la responsabilidad extracontractual del gerente general de su filial. El juez de primera instancia estim\u00f3 la acci\u00f3n y conden\u00f3 al gerente a pagar $18.046.213.000. Apelada la sentencia, la Corte de Apelaciones de Santiago consider\u00f3 que el accionista mayoritario se expuso imprudentemente al riesgo y, moderando prudencialmente la indemnizaci\u00f3n ex <\/em>art. 2330 CC<\/a>, la redujo en un 50% a la cifra de $9.023.106.500. Consider\u00f3, de forma algo sumaria pero quiz\u00e1s plausible, que la demandante era \u201cuna empresa con una estructura de gobierno corporativo sofisticado, con equipos de ingenieros que viajaban peri\u00f3dicamente a Chile a ver el estado de las obras, lo que no hace veros\u00edmil que se hayan sorprendido despu\u00e9s de tanto tiempo de los estado financieros que le enviaba el demandando\u201d (cdo. 7\u00b0 de la sentencia recurrida). Recurrida este fallo de casaci\u00f3n en la forma, la Corte Suprema lo invalid\u00f3 por no haberse ponderado prueba en orden a determinar si dichos ingenieros recorrieron efectivamente esas obras o no, lo que habr\u00eda sido necesario para determinar una efectiva exposici\u00f3n imprudente al riesgo.<\/p>\n\n\n\n

En su sentencia de reemplazo, la Corte Suprema consider\u00f3 que los jueces del fondo asentaron el conocimiento, por parte del gerente, de las malas perspectivas de la compa\u00f1\u00eda, lo que configura por lo menos una culpa grave. Presuponiendo que esta debe equipararse al dolo como dispone el art. 44 inc. 2\u00b0 CC<\/a>, el tribunal invoca la autoridad de Barros para afirmar que, pese a que el art. 2330 no lo explicita, la defensa de exposici\u00f3n imprudente al da\u00f1o debe excluirse cuando el da\u00f1o se ha cometido con dolo.<\/p>\n\n\n\n

Mucho tendr\u00edan que decir los civilistas acerca de este fallo. De hecho, la discusi\u00f3n comenz\u00f3 con la dictaci\u00f3n del fallo: una prevenci\u00f3n de dos ministros, Valdivia y Vidal, agrega al voto de mayor\u00eda que, al imputar un da\u00f1o atribuible a la conducta de m\u00e1s de una persona, la conducta dolosa excluye la culpable. Mientras la sentencia discurre sobre la base de la causalidad, el voto de prevenci\u00f3n lo hace sobre la base de la imputabilidad. Yo me permitir\u00eda agregar otra pregunta para los civilistas: asumiendo que la restricci\u00f3n del art. 2330 CC a los cuasidelitos es correcta, \u00bfdebe equipararse la culpa grave al dolo para este efecto? Pero me corresponde destacar las cuestiones societarias que este caso suscita.<\/p>\n\n\n\n

La primera, que quiz\u00e1s salta a la vista, es qu\u00e9 fue de los directores de la filial (y los de a matriz), y por qu\u00e9 habr\u00eda de ser solo el gerente el que pagara los platos rotos de aquellos desafortunados aumentos de capital. Despu\u00e9s de todo, es el directorio el que cita a junta extraordinaria, y son los directores los primeros sujetos de la prohibici\u00f3n del art. 42 N\u00b0 1 LSA<\/a>: no pueden \u201cproponer modificaciones de estatutos [por ejemplo, aumentos de capital\u2026] que no tengan por fin el inter\u00e9s social\u201d. Otra pregunta, la m\u00e1s interesante y dif\u00edcil a mi juicio, se refiere al destinatario de los deberes de los administradores sociales.<\/p>\n\n\n\n

Aunque la cuesti\u00f3n no parece haberse presentado en estos t\u00e9rminos, la Corte Suprema y \u2013antes\u2013 los jueces del fondo se inclinaron por considerar el da\u00f1o derivado de la actuaci\u00f3n del gerente como uno propio del accionista. Pese a que la sociedad ten\u00eda p\u00e9rdidas, no se reproch\u00f3 al gerente su mala administraci\u00f3n, sino haber inducido al accionista mayoritario a suscribir aumentos de capital sin destino, proporcion\u00e1ndole informaci\u00f3n falsa o incompleta. Este no es un da\u00f1o sufrido por la sociedad, para la cual cualquier aumento de capital es una buena noticia, sino por el accionista.<\/p>\n\n\n\n

As\u00ed, la recta administraci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda puede exigir de los gestores una conducta que no beneficia a la compa\u00f1\u00eda misma sino a sus accionistas. O, lo que es lo mismo, los administradores sociales tienen deberes no solo para con la sociedad sino tambi\u00e9n para con sus accionistas, cuya infracci\u00f3n funda acciones directas. En t\u00e9rminos generales, tales deberes est\u00e1n reconocidos en el art. 39 inc. 3\u00b0 LSA<\/a>: \u201clos directores elegidos por un grupo o clase de accionistas tienen los mismos deberes para con la sociedad y los dem\u00e1s accionistas<\/em> que los directores restantes\u201d. No encontramos estos deberes de forma expl\u00edcita en materia de aumentos de capital, pero s\u00ed en materia de oferta p\u00fablica de adquisici\u00f3n de acciones (art. 207 letra c) LMV<\/a>), una operaci\u00f3n de suyo indiferente a la persona jur\u00eddica societaria.<\/p>\n\n\n\n

En un caso como el de Comsa Chile<\/em> puede apreciarse que estos deberes directos para con los accionistas pueden primar sobre el inter\u00e9s de la sociedad. Aunque un aumento de capital pueda significar un alivio transitorio para esta, los administradores deben velar por el mejor inter\u00e9s de los accionistas y, por lo tanto, recomendar no la perseverancia en el negocio sino finiquitar los negocios en curso y, en un escenario extremo, la disoluci\u00f3n de la sociedad. Lo que esto implica para el concepto de \u201cinter\u00e9s social\u201d deber\u00e1 ser materia de reflexi\u00f3n.<\/p>\n\n\n

Etiquetas: <\/span>administraci\u00f3n social<\/a>, <\/span>grupo econ\u00f3mico<\/a>, <\/span>persona jur\u00eddica<\/a>, <\/span>sociedad de capital<\/a><\/div>\n\n\n

Cr\u00e9dito imagen: Royal processions, ceremonies and entertainments<\/a><\/em>, Court of King Mindon or Thibaw.<\/p>\n\n\n\n

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