{"id":1421,"date":"2025-12-23T08:00:00","date_gmt":"2025-12-23T08:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/eloficio.cl\/?p=1421"},"modified":"2026-04-06T00:04:41","modified_gmt":"2026-04-06T00:04:41","slug":"tres-sentencias-relevantes-del-2025-en-materia-de-obligaciones-y-contratos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/eloficio.cl\/index.php\/2025\/12\/23\/tres-sentencias-relevantes-del-2025-en-materia-de-obligaciones-y-contratos\/","title":{"rendered":"Tres sentencias relevantes del 2025 en materia de obligaciones y contratos"},"content":{"rendered":"\n<div class=\"wp-block-cover\"><span aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-cover__background has-background-dim\" style=\"background-color:#3e2e1d\"><\/span><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"2560\" height=\"1210\" src=\"https:\/\/eloficio.cl\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/2016.135-scaled.jpg\" class=\"wp-block-cover__image-background wp-post-image\" alt=\"\" data-object-fit=\"cover\" srcset=\"https:\/\/eloficio.cl\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/2016.135-scaled.jpg 2560w, https:\/\/eloficio.cl\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/2016.135-300x142.jpg 300w, https:\/\/eloficio.cl\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/2016.135-1024x484.jpg 1024w, https:\/\/eloficio.cl\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/2016.135-768x363.jpg 768w, https:\/\/eloficio.cl\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/2016.135-1536x726.jpg 1536w, https:\/\/eloficio.cl\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/2016.135-2048x968.jpg 2048w, https:\/\/eloficio.cl\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/2016.135-1320x624.jpg 1320w\" sizes=\"(max-width: 2560px) 100vw, 2560px\" \/><div class=\"wp-block-cover__inner-container is-layout-constrained wp-block-cover-is-layout-constrained\">\n<p class=\"has-text-align-center has-large-font-size\"><\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<p>Se analizan tres sentencias del 2025 en materia de obligaciones y contratos, cerrando el a\u00f1o en el 19 de diciembre. Se destacan por revelar razonamientos de la propia Corte Suprema, que se pronuncia sobre ciertos temas en orden a cumplir con una de sus m\u00e1s fundamentales misiones que es uniformar la aplicaci\u00f3n del Derecho. En ese sentido, m\u00e1s all\u00e1 de compartir o discrepar de sus conclusiones, son de las sentencias m\u00e1s relevantes del a\u00f1o en la materia se\u00f1alada.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"bs-widget-title one\"><h2 class=\"wp-block-heading\"><span><i class=\"fas fa-arrow-right\"><\/i><\/span>\u00bfLey del contrato o reglas de interpretaci\u00f3n? El control casacional<em>. Banco del Estado de Chile con Inversiones El Roble<\/em>, CS 18\/12\/2025, 39118-2024. <\/h2><div class=\"border-line\"><\/div><\/div>\n\n\n\n<p>Se celebr\u00f3 un contrato de arrendamiento con opci\u00f3n de compra de dos camiones, dos carrocer\u00edas y dos m\u00e1quinas de fr\u00edo. El contrato comprend\u00eda 59 rentas iguales, mensuales y sucesivas, con una opci\u00f3n de compra de $2 millones. El arrendatario dej\u00f3 de pagar la renta a contar de la 33. Ante ello, el arrendador demand\u00f3 terminaci\u00f3n del contrato de arrendamiento por no pago de rentas, solicitando:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>la restituci\u00f3n de los bienes objeto del contrato<\/li>\n\n\n\n<li>el pago de las rentas vencidas, desde la 33 a la 37 por $9 millones.<\/li>\n\n\n\n<li>pago anticipado de las 23 rentas restantes hasta el final del contrato, es decir, para completar las 59 rentas totales, por un total de $45 millones m\u00e1s, a t\u00edtulo de cl\u00e1usula penal.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>El arrendatario no tuvo problemas con dar por terminado el contrato y restituir los bienes del contrato, se allan\u00f3 al pago de las cinco rentas adeudadas, pero se opuso al pago anticipado de las 23 rentas restantes, sosteniendo que \u00e9ste carec\u00eda de causa y que, sin haberse ejercido la opci\u00f3n de compra, su exigibilidad supondr\u00eda un enriquecimiento sin causa.<\/p>\n\n\n\n<p>En primera instancia, se acogi\u00f3 la demanda, orden\u00e1ndose el pago de las rentas vencidas, pero se rechaz\u00f3 el cobro de la cl\u00e1usula penal, aduciendo que \u201cdado que la opci\u00f3n de compra no se ejercitar\u00e1, la cl\u00e1usula penal pierde su correlaci\u00f3n con la obligaci\u00f3n principal\u201d por lo que solo cabe exigir las rentas efectivamente devengadas \u201cconforme al principio de equivalencia y correlaci\u00f3n de prestaciones previsto en el art\u00edculo 1544 del C\u00f3digo Civil\u201d \u2013seg\u00fan aparece de la sentencia de casaci\u00f3n, pues el fallo de primera instancia no est\u00e1 disponible al p\u00fablico\u2013.<\/p>\n\n\n\n<p>La Corte de Apelaciones de Santiago revoc\u00f3 el fallo de primer grado, ordenando pagar, a t\u00edtulo de cl\u00e1usula penal, todas las rentas pendientes de vencimiento, es decir, la suma de $45 millones, adem\u00e1s de la restituci\u00f3n de los bienes. Se\u00f1al\u00f3 que la obligaci\u00f3n tiene causa l\u00edcita, conforme al art. 1467, al prever de manera convencional los perjuicios derivados del incumplimiento, por lo que corresponde acumular la prestaci\u00f3n incumplida y la cl\u00e1usula penal.<\/p>\n\n\n\n<p>Sin embargo, la Corte Suprema, con buen criterio, resalt\u00f3 la literalidad de la estipulaci\u00f3n contractual que regulaba los efectos ante el incumplimiento. En efecto, la cl\u00e1usula d\u00e9cimo s\u00e9ptima del contrato se\u00f1alaba que el incumplimiento facultaba al Banco arrendador a \u201cejercer a su opci\u00f3n, uno cualquiera de los siguientes derechos\u201d: el primero, dar por terminado el contrato, exigiendo la devoluci\u00f3n de los bienes, el pago de las rentas vencidas y un 30% del valor de las rentas pendientes de vencimiento; el segundo, exigir el pago de las rentas vencidas y el pago anticipado de las rentas pendientes de vencimiento hasta el t\u00e9rmino natural del contrato, con la posibilidad de ejercer la opci\u00f3n de compra. La Corte se\u00f1al\u00f3 correctamente que:<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>\u201cLa redacci\u00f3n de la cl\u00e1usula -al emplear expresamente la expresi\u00f3n \u201ca su opci\u00f3n, uno cualquiera de los siguientes derechos\u201d- evidencia que el Banco no puede acumular ambos mecanismos, sino que debe optar por uno solo. En consecuencia, la elecci\u00f3n de una de las alternativas implica la exclusi\u00f3n de la otra, pues su ejercicio simult\u00e1neo generar\u00eda una duplicidad de sanciones que desnaturalizar\u00eda la finalidad de la estipulaci\u00f3n y vulnerar\u00eda el principio de buena fe contractual previsto en el art\u00edculo 1546 en relaci\u00f3n con los art\u00edculos 1437 y 1545 del C\u00f3digo Civil\u201d (considerando 6\u00b0 de la sentencia de casaci\u00f3n)\u201d<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>Como consecuencia de ello, nuestro m\u00e1ximo tribunal resolvi\u00f3 que los sentenciadores de alzada:<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>\u201cincurrieron en una infracci\u00f3n a la ley del contrato, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1545 del C\u00f3digo Civil, desde que desconocieron el tenor y alcance de la cl\u00e1usula decimos\u00e9ptima del contrato de arrendamiento como opci\u00f3n de compra, la cual constituye expresi\u00f3n de la voluntad de las partes y, por ende, una verdadera ley para ellas\u201d<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>El fallo es relevante porque asienta un buen criterio: una interpretaci\u00f3n err\u00f3nea del contrato realizada por un tribunal de alzada ante mediante el desconocimiento del tenor literal del acuerdo permite su correcci\u00f3n por la Corte Suprema.&nbsp; Si bien desde antiguo se ha discutido la posibilidad de controlar en sede de casaci\u00f3n en el fondo por \u201cinfracci\u00f3n de ley\u201d, la denominada \u201cley del contrato\u201d, como ac\u00e1 se aprueba, la verdad es que el punto es m\u00e1s sencillo: \u00bfpuede controlarse la interpretaci\u00f3n contractual en sede de casaci\u00f3n?<\/p>\n\n\n\n<p>A este efecto, tradicionalmente se habla de que ello es posible cuando haya \u201cdesnaturalizaci\u00f3n\u201d del acuerdo, concepto sumamente vago. Sin embargo, una tendencia prometedora de los \u00faltimos a\u00f1os entra a conocer efectivamente la eventual infracci\u00f3n de las reglas de interpretaci\u00f3n de los contratos de los art\u00edculos 1560 a 1566, pues esta es la \u201cley\u201d infringida a que se refiere el art. 767 CPC. No obstante que en la sentencia comentada se invoc\u00f3 la infracci\u00f3n del art. 1545, me parece que es un camino admisible, entendiendo que existi\u00f3 un desconocimiento claro del tenor literal del contrato, lo que implica su modificaci\u00f3n, que es lo vedado por el mismo precepto: solo pueden ser invalidados los contratos legalmente celebrados por consentimiento mutuo o causas legales.<\/p>\n\n\n\n<p>No sucedi\u00f3 de esta manera en otra sentencia pronunciada este a\u00f1o (CS 25\/11\/2025,41560-2024) que rechaz\u00f3 la casaci\u00f3n en el fondo limit\u00e1ndose a se\u00f1alar que el recurrente \u201cdebi\u00f3 haber denunciado como infringidas las normas que dicen relaci\u00f3n con la interpretaci\u00f3n de los contratos (art\u00edculos 1560 a 1566 del C\u00f3digo Civil)\u201d, cuando en el caso se alegaba una calificaci\u00f3n incorrecta del negocio jur\u00eddico celebrado, invoc\u00e1ndose por el litigante tambi\u00e9n el art. 1545. M\u00e1s all\u00e1 del fondo de ese caso, nos parece que nuestro m\u00e1ximo tribunal no puede quedarse en esos tecnicismos para evitar cumplir con su misi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"bs-widget-title one\"><h2 class=\"wp-block-heading\"><span><i class=\"fas fa-arrow-right\"><\/i><\/span>Precisiones en el uso del art. 1932 en arrendamientos durante la pandemia. <em>\u00c1lamo Nazar con Sociedad Comercial Joigo Limitada, <\/em>CS 06\/05\/2025, 9275-2024 <\/h2><div class=\"border-line\"><\/div><\/div>\n\n\n\n<p>Una de las sentencias relativas a los efectos de la pandemia del Covid-19 en relaci\u00f3n con contratos de arrendamiento qued\u00f3 firme este a\u00f1o. En abril de 2014, se arrend\u00f3 un inmueble comercial en San Bernardo a la sociedad \u201cJoigo Limitada\u201d para instalar un local de venta de art\u00edculos electr\u00f3nicos. Durante el a\u00f1o 2020, debido a la pandemia, la autoridad sanitaria decret\u00f3 restricciones que impidieron a la arrendataria abrir el local al p\u00fablico, al no ser considerada una actividad esencial. A ra\u00edz de esto, dej\u00f3 de pagar ciertas rentas y diferencias de reajustes.<\/p>\n\n\n\n<p>Los arrendadores demandaron la terminaci\u00f3n del contrato y el cobro de rentas impagas de los meses de mayo a junio de 2020, ciertos reajustes, adem\u00e1s de multas en caso de retardo. En primera instancia se conden\u00f3 al pago de rentas y reajustes adeudados, la restituci\u00f3n del inmueble, adem\u00e1s de la multa por retraso en el pago de la renta. La Corte de Apelaciones de Santiago confirm\u00f3 la sentencia de primera instancia, con variaciones en el reajuste solicitado.<\/p>\n\n\n\n<p>La Corte Suprema, conociendo de la casaci\u00f3n en el fondo, considera la aplicaci\u00f3n del art. 1932 CC, seg\u00fan el cual \u201cEl arrendatario tiene derecho a la terminaci\u00f3n del arrendamiento y aun a la rescisi\u00f3n el contrato, seg\u00fan los casos, si el mal estado o calidad de la cosa le impide hacer de ella el uso para que ha sido arrendada\u2026\u201d, sosteniendo \u2013como en otros casos similares\u2013, que el precepto:<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>\u201ctambi\u00e9n resulta aplicable a situaciones en que por una anomal\u00eda jur\u00eddica como lo es el acto de la autoridad sanitaria el arrendatario igualmente se ve impedido de hacer uso de la cosa arrendada para el fin que tuvo en vista al tiempo de la contrataci\u00f3n\u201d<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>Si bien es posible compartir esta interpretaci\u00f3n extensiva del precepto, atendido sobre todo a su sentido, en orden a distribuir los riesgos de la imposibilidad de utilizaci\u00f3n de la cosa arrendada, para incluir defectos atribuibles a decisiones de la autoridad que imposibilitan el goce, cabe hacer algunos matices. Sobre todo, a lo que refiere nuestro m\u00e1ximo tribunal respecto a las consecuencias de aplicar este precepto al caso:<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>\u201cQue, por consiguiente, ante la imposibilidad de ocupar la propiedad a consecuencia de un caso fortuito, se autoriza al arrendatario al no pago de la renta en ese tiempo. La raz\u00f3n se encuentra en el art\u00edculo 1552 del C\u00f3digo Civil, que trat\u00e1ndose de un contrato como el arrendamiento, produce un efecto liberatorio del pago de las rentas y no el efecto suspensivo que le es caracter\u00edstico.<\/p>\n\n\n\n<p>Correlativamente, si, en un caso como \u00e9ste, el arrendatario pretendiera una indemnizaci\u00f3n de los da\u00f1os derivados por la privaci\u00f3n del uso y goce del local comercial, esta pretensi\u00f3n no ser\u00eda procedente porque el incumplimiento tuvo su origen en una situaci\u00f3n de caso fortuito que, seg\u00fan el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 1547 del C\u00f3digo Civil (<em>sic<\/em>).\u201d<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>Hay algunos problemas con este razonamiento. Es bastante asentado que las cuarentenas y restricciones derivados de la pandemia constituyen, en la mayor\u00eda de los casos, caso fortuito, en el sentido de que se trata de un imprevisto imposible resistir, al tenor del art. 45 CC, precepto que incluye dentro de sus ejemplos los \u201cactos de autoridad\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Sin embargo, hay que observar c\u00f3mo afecta esa imposibilidad sobrevenida a las obligaciones de las partes, de acuerdo con el art. 1547 inc. 2. Si el arrendador est\u00e1 obligado a conferir el goce de la cosa de manera compatible con la utilidad del contrato, es esa obligaci\u00f3n de especie o cuerpo cierto la que se hace imposible por las restricciones de la autoridad \u2013en ese sentido es correcto el segundo p\u00e1rrafo citado en torno a negar una posible indemnizaci\u00f3n de perjuicios contra el arrendador\u2013. Con todo, como se sabe, la obligaci\u00f3n de pagar las rentas, al ser de dinero y por lo tanto de g\u00e9nero, sigue siendo perfectamente posible, pues el g\u00e9nero no perece (art. 1510 CC) y siempre el deudor podr\u00e1 recurrir a otros medios de financiamiento \u2013aunque no provengan de las utilidades obtenidas mediante el funcionamiento del local arrendado\u2013 para solucionar su deuda. La excepci\u00f3n de contrato no cumplido modelada sobre la base del art. 1552 CC, citado, no produce el efecto que se\u00f1ala la Corte Suprema: si el arrendador no puede cumplir su obligaci\u00f3n de conferir el goce de la cosa por caso fortuito, no puede oponer esta excepci\u00f3n el arrendatario que no paga las rentas. Su incumplimiento es imputable.<\/p>\n\n\n\n<p>De esta forma, a solas con el art. 1932 CC hay que mirar con atenci\u00f3n sus consecuencias: el inciso primero habla de terminaci\u00f3n o rescisi\u00f3n del contrato en caso de imposibilidad total. Sin embargo, el arrendatario, en el caso, lejos de solicitar la terminaci\u00f3n, continu\u00f3 con el contrato y no pag\u00f3 las rentas durante el per\u00edodo de restricci\u00f3n de funcionamiento por la pandemia. Aqu\u00ed hay que fijarse en la extensi\u00f3n de la imposibilidad alegada. Si bien la arrendataria no pudo abrir al p\u00fablico para la comercializaci\u00f3n de aparatos electr\u00f3nicos por la prohibici\u00f3n de la autoridad, s\u00ed pudo contar con el bien para, por ejemplo, almacenar su mercader\u00eda, por lo que sigui\u00f3 gozando de \u00e9l en forma parcial. De ah\u00ed que haya que recurrir al inciso segundo del art. 1932 CC, seg\u00fan el cual \u201cSi el impedimento para el goce de la cosa es parcial\u2026 el juez decidir\u00e1, seg\u00fan las circunstancias, si debe tener lugar la terminaci\u00f3n del arrendamiento, o concederse una rebaja del precio o renta\u201d. Frente a un caso como este, entonces, aplicado que sea el art\u00edculo, debiera reducirse la renta en proporci\u00f3n a la entidad del impedimento para el goce de la cosa. En este caso, pudiera hablarse de al menos \u00be o un 75%.<\/p>\n\n\n\n<p>Por \u00faltimo, una cuesti\u00f3n dif\u00edcil es lo que sucede con la multa derivada del retardo en el pago de las rentas. Pareciera ser que dada la accesoriedad de la cl\u00e1usula penal manifestada anal\u00f3gicamente en lo dispuesto por el art. 1536 CC, seg\u00fan el cual \u201cLa nulidad de la obligaci\u00f3n principal acarrea la de la cl\u00e1usula penal\u2026\u201d, \u00e9sta debiera seguir las consecuencias del art. 1932 respecto de la obligaci\u00f3n principal, en relaci\u00f3n con la extinci\u00f3n total o parcial de la obligaci\u00f3n de pagar la renta por imposibilidad en el goce. Es procedente, por tanto, distinguir, pero la Corte Suprema zanj\u00f3 r\u00e1pidamente el asunto se\u00f1alando que:<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>\u201cEn cuanto a la solicitud de multas derivadas del retardo en el pago de las rentas de arrendamiento, deber\u00e1 igualmente ser desestimada en atenci\u00f3n que a que \u00e9stas tienen lugar en caso de falta de pago de las rentas, siendo procedente cuando existe un incumplimiento culpable de las mismas, lo que, atendido la ocurrencia de un caso fortuito en los t\u00e9rminos previstos en el art\u00edculo 45 del C\u00f3digo Civil, no se verifica\u201d.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>Y la cuesti\u00f3n, como hemos visto, es m\u00e1s compleja.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"bs-widget-title one\"><h2 class=\"wp-block-heading\"><span><i class=\"fas fa-arrow-right\"><\/i><\/span>Causa del contrato y causa de la obligaci\u00f3n. Empresa de Transportes Vivaceta S.A. con Servicio de Transporte de Personas Santiago S.A. y otros, CS 24\/11\/2015, 53965-2024 <\/h2><div class=\"border-line\"><\/div><\/div>\n\n\n\n<p>Una empresa de transportes (Buses Gran Santiago), enfrentando una mala situaci\u00f3n econ\u00f3mica, le vendi\u00f3 los ingresos que pudieran derivarse en el futuro por la explotaci\u00f3n de un contrato de concesi\u00f3n para desarrollar su actividad propia a dos empresas del mismo rubro (Transporte de personas Santiago y Brasil Buses, a su vez accionistas controladoras de Buses Gran Santiago). As\u00ed, se celebr\u00f3 el denominado \u201ccontrato aleatorio de compraventa de flujos futuros\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Una accionista minoritaria de Buses Gran Santiago (Transportes Vivaceta), disconforme con dicho negocio jur\u00eddico, demand\u00f3 su nulidad absoluta, argumentando:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Falta de aleatoriedad: las compradoras controladoras conoc\u00edan los flujos de dinero adquiridos, eliminando la incertidumbre.<\/li>\n\n\n\n<li>Objeto il\u00edcito por infracci\u00f3n de ley: La cesi\u00f3n de flujos equival\u00eda a ceder la concesi\u00f3n, lo cual requer\u00eda autorizaci\u00f3n del Ministerio de transportes, exigencia de las bases de licitaci\u00f3n.<\/li>\n\n\n\n<li>Una parte del precio se document\u00f3 en pagar\u00e9s que nunca fueron pagados, lo que constituir\u00eda falta de precio real.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>En primera instancia se rechaz\u00f3 la demanda, confirmando la tesis del demandado en orden a que este contrato estar\u00eda amparado por el art. 1813 CC, seg\u00fan el cual: \u201cLa venta de cosas que no existen, pero se espera que existan, se entender\u00e1 hecha bajo la condici\u00f3n de existir, salvo que se exprese lo contrario, o <em>que por la naturaleza del contrato aparezca que se compr\u00f3 la suerte<\/em>\u201d (el destacado es nuestro), siendo entonces la llamada <em>emptio spei <\/em>la modalidad contratada, pues los ingresos frutos de la cesi\u00f3n eran variables, constituyendo efectivamente una ganancia incierta para la cedente<em>.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Por su parte, se se\u00f1al\u00f3 que era distinto ceder la posici\u00f3n contractual \u00ad-que era lo vedado por las bases- y los flujos derivados de la concesi\u00f3n -que estar\u00eda permitido-, por lo que se rechaz\u00f3 la demanda tambi\u00e9n en ese cap\u00edtulo. Adem\u00e1s, se precis\u00f3 que lo dispuesto en las bases de licitaci\u00f3n no constitu\u00edan una \u201cley\u201d para efectos de la causal de objeto il\u00edcito del art. 1461 CC.<\/p>\n\n\n\n<p>La Corte de Apelaciones de Santiago confirm\u00f3 lo resuelto. Interpuesta casaci\u00f3n en el fondo, ante la alegaci\u00f3n sobre objeto il\u00edcito, la Corte Suprema se\u00f1al\u00f3 que:<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>\u201cSe ha tenido por probado que el contrato impugnado tuvo por objeto la cesi\u00f3n de los ingresos derivados del contrato de concesi\u00f3n, y no la concesi\u00f3n misma. En este punto, la calificaci\u00f3n que los jueces de fondo hicieron de la naturaleza de la cesi\u00f3n es una cuesti\u00f3n f\u00e1ctica, que no puede ser alterada por esta Corte de casaci\u00f3n, ya que no se ha demostrado una infracci\u00f3n a una ley reguladora de la prueba que hubiere sido determinante en el establecimiento de los hechos ni se ha cuestionado el alcance que se ha otorgado a la naturaleza del contrato en tanto consecuencia de un ejercicio de interpretaci\u00f3n de la voluntad de las partes\u201d<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>M\u00e1s all\u00e1 de que pudiera ser tenue la distinci\u00f3n entre cesi\u00f3n de la concesi\u00f3n y venta de los flujos futuros derivados de esa concesi\u00f3n, el tribunal parece escindir correctamente entre hechos y Derecho en este punto: determinar cu\u00e1les fueron las estipulaciones contractuales es una cuesti\u00f3n f\u00e1ctica no controlable en sede de casaci\u00f3n, pero aparentemente se considera una cuesti\u00f3n jur\u00eddica la infracci\u00f3n de normas regulatorias de la prueba o del \u201cejercicio de interpretaci\u00f3n de la voluntad de las partes\u201d, en lo que concordamos.<\/p>\n\n\n\n<p>Sin embargo, m\u00e1s interesante a\u00fan es lo que dice al final, respecto a la alegaci\u00f3n de ilicitud de la causa del contrato en an\u00e1lisis:<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>\u201cesta Corte estima pertinente precisar la distinci\u00f3n fundamental entre la causa de la obligaci\u00f3n y la causa del contrato o motivo que induce a las partes a contratar. Conforme a la doctrina y jurisprudencia chilena, la causa de la obligaci\u00f3n, en el caso de los contratos onerosos y bilaterales, reside en la contraprestaci\u00f3n rec\u00edproca de la otra parte. Por su parte, la causa del contrato se refiere al fin o motivo que se persigue con su celebraci\u00f3n, el cual solo se vuelve relevante para el derecho si es il\u00edcito y conocido por ambas partes. Como explica el profesor Alejandro Guzm\u00e1n Brito en su art\u00edculo \u00abCausa del Contrato y Causa de la Obligaci\u00f3n\u00bb (En revista de Estudios Hist\u00f3rico-Jur\u00eddicos, Secci\u00f3n Historia del Derecho Europeo, XXIII, Valpara\u00edso, Chile, 2001), la causa de la obligaci\u00f3n es el elemento formal del contrato, mientras que los motivos son los fines subjetivos de las partes. Los motivos son, en principio, irrelevantes para la validez del contrato\u201d<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>Nuestro m\u00e1ximo tribunal reconoce la divisi\u00f3n entre una causa existente, de la obligaci\u00f3n \u2013que, seg\u00fan la teor\u00eda cl\u00e1sica, en los contratos bilaterales, es la contraprestaci\u00f3n\u2013 y una causa l\u00edcita, del contrato \u2013que, en los t\u00e9rminos del art. 1467, es la prohibida por ley, o contraria a las buenas costumbres o al orden p\u00fablico\u2013. A continuaci\u00f3n, resuelve que:<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>\u201cEl recurrente, al fundar su alegaci\u00f3n en la supuesta contravenci\u00f3n a las bases de licitaci\u00f3n, confunde estos conceptos ya que lo que acusa no es la falta de causa, sino la ilicitud de los motivos. Sin embargo, al tenerse por establecido que la venta de flujos no estaba prohibida por las bases de licitaci\u00f3n aplicables, dicho motivo no puede ser considerado il\u00edcito en el sentido que exige el art\u00edculo 1468 del C\u00f3digo Civil\u201d<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>Acertadamente, la Corte Suprema se\u00f1ala que alegar que el negocio celebrado supone una contravenci\u00f3n a las bases de licitaci\u00f3n no es falta de causa, sino causa il\u00edcita. Sin embargo, en criterio del tribunal de casaci\u00f3n, el contrato tendr\u00eda que estar prohibido por la ley para ser atacable por un vicio en la causa, por lo que, en la medida que el acuerdo sea formalmente l\u00edcito, no habr\u00eda problema. Sin embargo, \u00bfqu\u00e9 rol de utilidad jugar\u00eda la causa en ese caso en relaci\u00f3n con la exigencia de objeto l\u00edcito?<\/p>\n\n\n\n<p>As\u00ed, pareciera que la instituci\u00f3n admite un entendimiento m\u00e1s amplio. En los casos en que el contrato celebrado por las partes, si bien formalmente correcto, esconde un motivo prohibido por la ley, contrario a las buenas costumbres o al orden p\u00fablico, hay causa il\u00edcita. As\u00ed lo ejemplifica el art. 1467: \u201cla promesa de dar algo en recompensa de un crimen o de un hecho inmoral, tiene una causa il\u00edcita\u201d, pudiendo ser esa \u201cpromesa de dar algo\u201d, cualquier contrato formalmente l\u00edcito, que no por ese formalismo tendr\u00e1 una causa v\u00e1lida. De esta manera, si en el caso se hubiera probado que la \u201ccompraventa de flujos futuros\u201d, solo tuvo por objeto eludir la prohibici\u00f3n legal de ceder el contrato de concesi\u00f3n, quiz\u00e1s hubiera sido posible alegar la ilicitud de la causa con \u00e9xito. La cuesti\u00f3n no es tan ex\u00f3tica: en un caso resuelto este a\u00f1o (CS 8\/10\/2025, 37303-2025) se demand\u00f3 la nulidad absoluta de un censo vitalicio cuya constituci\u00f3n, se alegaba, ten\u00eda por \u00fanico objeto perjudicar a un acreedor hipotecario, entorpeciendo su cobro. Si bien se rechaz\u00f3 la demanda por problemas de legitimaci\u00f3n activa, respecto al inter\u00e9s para alegar la nulidad, el cap\u00edtulo sustantivo de la litis pareciera haber quedado abierto.<\/p>\n\n\n<div class=\"taxonomy-post_tag wp-block-post-terms\"><span class=\"wp-block-post-terms__prefix\">Etiquetas: <\/span><a href=\"https:\/\/eloficio.cl\/index.php\/tag\/contrato-de-arrendamiento\/\" rel=\"tag\">contrato de arrendamiento<\/a><span class=\"wp-block-post-terms__separator\">, <\/span><a href=\"https:\/\/eloficio.cl\/index.php\/tag\/contrato-de-compraventa\/\" rel=\"tag\">contrato de compraventa<\/a><span class=\"wp-block-post-terms__separator\">, <\/span><a href=\"https:\/\/eloficio.cl\/index.php\/tag\/contratos\/\" rel=\"tag\">contratos<\/a><span class=\"wp-block-post-terms__separator\">, <\/span><a href=\"https:\/\/eloficio.cl\/index.php\/tag\/interpretacion-contractual\/\" rel=\"tag\">interpretaci\u00f3n contractual<\/a><span class=\"wp-block-post-terms__separator\">, <\/span><a href=\"https:\/\/eloficio.cl\/index.php\/tag\/responsabilidad-contractual\/\" rel=\"tag\">responsabilidad contractual<\/a><\/div>\n\n\n<p class=\"has-text-align-right\" style=\"font-size:15px\">Cr\u00e9dito imagen: <em><a href=\"https:\/\/www.metmuseum.org\/art\/collection\/search\/698529\">Dance in a Subterranean Roundhouse at Clear Lake, California<\/a><\/em>, Jules Tavernier.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Se analizan tres sentencias del 2025 en materia de obligaciones y contratos, cerrando el a\u00f1o&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":1422,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[111,106,1,73],"tags":[61,30,93,16,10],"class_list":["post-1421","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-articulo-de-fondo","category-contratos","category-antiguas","category-sentencias-2025","tag-contrato-de-arrendamiento","tag-contrato-de-compraventa","tag-contratos","tag-interpretacion-contractual","tag-responsabilidad-contractual"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.2 - 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