{"id":1728,"date":"2026-04-07T08:00:00","date_gmt":"2026-04-07T08:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/eloficio.cl\/?p=1728"},"modified":"2026-04-07T10:45:14","modified_gmt":"2026-04-07T10:45:14","slug":"la-incapacidad-sobreviniente-del-socio-administrador","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/eloficio.cl\/index.php\/2026\/04\/07\/la-incapacidad-sobreviniente-del-socio-administrador\/","title":{"rendered":"La incapacidad sobreviniente del socio administrador"},"content":{"rendered":"\n
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La esperanza de vida en Chile es de 81,8 a\u00f1os<\/a>. Hoy resulta corriente que las personas pasen sus \u00faltimos a\u00f1os de vida sin poder conducir sus negocios, y la ley debe responder a esta realidad. Prestemos atenci\u00f3n a la incapacidad sobreviniente, tambi\u00e9n en materia de sociedades de personas.<\/p>\n\n\n\n

El art. 2106 del C\u00f3digo Civil (CC) califica la incapacidad sobreviniente como causal de disoluci\u00f3n, si bien su inc. 2\u00b0 permite que la sociedad contin\u00fae con el incapaz, y que sea el curador quien ejerza sus \u201cderechos en las operaciones sociales\u201d. La pr\u00e1ctica de la constituci\u00f3n de empresas, preocupada por favorecer la estabilidad de la empresa, se apresura a excluir ese efecto mediante cl\u00e1usulas estatutarias. Consideremos la siguiente, que es la sugerida en el sitio web del Registro de Empresas y Sociedades<\/a>:<\/p>\n\n\n\n

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\u201cNo se disolver\u00e1 la sociedad por el fallecimiento, expiraci\u00f3n, insolvencia, quiebra, interdicci\u00f3n o incapacidad sobreviniente de cualquiera de los actuales o futuros socios [\u2026] En caso de fallecer o quedar incapacitado cualquiera de los socios administradores, la administraci\u00f3n de la sociedad y el uso de la raz\u00f3n social corresponder\u00e1n exclusivamente a los otros socios administradores, en caso de haberlos. En caso de no existir otros socios con facultades administradoras, la administraci\u00f3n pasar\u00e1 a todos los socios actuando conjuntamente\u201d.\u00a0
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Como vemos, la cl\u00e1usula tiene dos partes. En la primera se dispone la exclusi\u00f3n del efecto disolutorio de la incapacidad sobreviniente del socio; en la segunda, se dispone la sustituci\u00f3n del socio incapacitado que era adem\u00e1s administrador (en otra entrada de El Oficio<\/a> he analizado la cl\u00e1usula de sustituci\u00f3n para el caso de fallecimiento). La estipulaci\u00f3n favorece la continuidad de la empresa social frente a estas vicisitudes, pero no siempre se considera con detenimiento sus efectos cuando \u2013quiz\u00e1s al cabo de muchos a\u00f1os\u2013 uno de los socios quede destituido de sus facultades. Esto es lo que sucedi\u00f3 en el siguiente caso.\u00a0<\/p>\n\n\n\n

<\/i><\/span>El caso Talcahuano<\/em> <\/h4>
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Inversiones Inmobiliarias Talcahuano Limitada (Talcahuano) es una sociedad familiar que tiene por socios a Jos\u00e9 y a sus hijos Alejandro y Antonio. La administraci\u00f3n y uso de la raz\u00f3n social corresponde a Jos\u00e9 actuando de forma individual, o bien a Alejandro y a Antonio, actuando en conjunto. La escritura establec\u00eda que la sociedad no se disolver\u00eda ni por muerte, ni por insolvencia o incapacidad sobreviniente de los socios, como en la primera parte del texto sugerido por el Registro de Empresas y Sociedades, pero sin incorporar una sustituci\u00f3n en la administraci\u00f3n de la sociedad.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, Jos\u00e9 tiene 85 a\u00f1os y padece de discapacidad severa tanto f\u00edsica como ps\u00edquica, y ya ha sido declarado interdicto por sentencia judicial firme y ejecutoriada. El juez design\u00f3 a Alejandro como curador general de Jos\u00e9. Aunque los hechos del caso no lo expliciten, se adivina cierta falta de entendimiento entre Alejandro y Antonio. Si hubieran actuado de acuerdo, nada les habr\u00eda impedido continuar con la marcha de la sociedad seg\u00fan lo estipulado (o tambi\u00e9n lo preceptuado por el art. 2106 inc. 2\u00b0 CC), y representarla de consuno. Pero no lo hicieron, y Alejandro fue por su cuenta. <\/p>\n\n\n\n

Alejandro concurre al Banco a inscribir el poder para actuar como representante legal de Jos\u00e9 y, de esta manera, poder administrar la cuenta corriente y los productos bancarios contratados por Talcahuano. La fiscal\u00eda del Banco rechaza la inscripci\u00f3n del poder, argumentando que Jos\u00e9 ejerce la administraci\u00f3n de la sociedad por mandato conferido en la escritura de constituci\u00f3n de la sociedad, mandato que es intuitu personae<\/em>. Adem\u00e1s, el art. 2163 N\u00ba 7 CC indica que el mandato termina por la interdicci\u00f3n del mandatario. De este modo, considera que no corresponde al curador la representaci\u00f3n del administrador de la sociedad.<\/p>\n\n\n\n

<\/i><\/span>El guardador del socio administrador no administra ni representa a la sociedad <\/h4>
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En mi opini\u00f3n, la respuesta del Banco es sustancialmente correcta. Por un lado, es verdad que el administrador llamado estatutario, aquel cuya identidad se establece nominalmente en los estatutos de entre los socios (como Jos\u00e9), es un verdadero mandatario de la sociedad. De aqu\u00ed que sea correcta la aplicaci\u00f3n supletoria del art. 2163 N\u00ba 7 CC: el mandato de Talcahuano a Jos\u00e9 termin\u00f3 por interdicci\u00f3n del mandatario. Por lo tanto, la cl\u00e1usula estatutaria de continuarse la sociedad pese a la interdicci\u00f3n de un socio no se extiende al mandato de este para administrarla. Nada habr\u00eda impedido incorporar una cl\u00e1usula de sustituci\u00f3n, incluso una que identificara al sustituto con el guardador del administrador sustituido. Pero no se hizo.<\/p>\n\n\n\n

Para llegar a la misma soluci\u00f3n podr\u00eda recorrerse otro camino. Aun prescindiendo de la terminaci\u00f3n del mandato para administrar ex <\/em>art. 2163 N\u00ba 7 CC, debe recordarse que el delegado (Alejandro) del mandatario (Jos\u00e9) no representa al mandante (Talcahuano), salvo autorizaci\u00f3n expresa de delegar en determinada persona (art. 2136). En el caso que estudiamos no hay delegaci\u00f3n propiamente tal, porque Jos\u00e9 no confiri\u00f3 un segundo mandato a Alejandro, pero la situaci\u00f3n es an\u00e1loga: la ley \u2013por el ministerio del juez\u2013 ha encomendado a Alejandro la gesti\u00f3n de la generalidad de los negocios de Jos\u00e9 a Alejandro. Esta suerte de \u201cmandato legal\u201d \u00bfpuede extenderse a la facultad de representar a sociedades, hacer uso de su raz\u00f3n social? Una analog\u00eda a fortiori <\/em>conduce a una respuesta negativa: si una delegaci\u00f3n voluntaria del mandato por parte del mandatario no habr\u00eda tenido ese efecto, \u00bfc\u00f3mo iba a tenerlo esa suerte de delegaci\u00f3n forzada que es la interdicci\u00f3n?<\/p>\n\n\n\n

Por \u00faltimo, una comparaci\u00f3n permite reforzar el punto. Digamos que Jos\u00e9 no hubiera sido el socio administrador estatutario de una sociedad de personas, sino el director de una sociedad an\u00f3nima de la que tambi\u00e9n fuera accionista. Digamos que el director accionista es declarado en interdicci\u00f3n y se designa como curador a otro miembro del directorio. (El art. 35 de la Ley N\u00b0 18.046 sobre Sociedades An\u00f3nimas no enumera entre las inhabilidades para ser director las de incapacidad e interdicci\u00f3n, pero es evidente que tales incapacidades del derecho com\u00fan le hacen cesar inmediatamente en el cargo). \u00bfVamos a admitir que este curador concurra al directorio por s\u00ed y en representaci\u00f3n del director interdicto? Por supuesto que no. <\/p>\n\n\n\n

Pero el curador s\u00ed tiene algunas facultades en relaci\u00f3n con la sociedad. Como representante legal del socio interdicto, debe cuidar su patrimonio, del que forma parte la participaci\u00f3n en la sociedad. As\u00ed lo reconoce el art. 2106 inc. 2\u00b0 CC, si bien lo hace pensando en el caso de que la sociedad contin\u00fae con el socio incapaz no por establecerlo as\u00ed una cl\u00e1usula estatutaria (como era el caso de Talcahuano) sino por decisi\u00f3n de los dem\u00e1s socios. En esta calidad le corresponde el ejercicio de todos los derechos sociales que corresponden al socio en cuanto <\/em>tal: cobrar dividendos, ofrecer su consentimiento o autorizaci\u00f3n para modificaciones estatutarias o cesi\u00f3n de derechos sociales, requerir la informaci\u00f3n del administrador y, si es el caso, exigir que rinda su cuenta, e incluso demandar la disoluci\u00f3n de la sociedad cuando se configure una causal (incluyendo, a mi juicio, la misma incapacidad del socio). Lo que no puede hacer es administrar o representar a la sociedad.<\/p>\n\n\n\n

<\/i><\/span>Las sentencias dictadas en el caso Talcahuano<\/em>\u00a0 <\/h4>
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Alejandro, en su condici\u00f3n de curador de Jos\u00e9 y en representaci\u00f3n tambi\u00e9n de Talcahuano, recurri\u00f3 de protecci\u00f3n ante la Corte de Apelaciones de Concepci\u00f3n por el actuar ilegal y arbitrario del Banco que se neg\u00f3 a inscribir los poderes. Se denuncian como vulnerados la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad de Jos\u00e9 y Talcahuano, a quienes se priva de sus activos bancarios y del ejercicio de sus derechos sociales. Por su parte, el Banco inform\u00f3, entre otras cosas, que Talcahuano es una sociedad de personas, esto es, un contrato intuitu personae<\/em> donde es de vital importancia, para cualquier interpretaci\u00f3n de sus estatutos \u2013en especial lo referido a su administraci\u00f3n\u2013, la affectio societatis<\/em> que rige las relaciones entre los socios.<\/p>\n\n\n\n

La Corte acogi\u00f3 el recurso de protecci\u00f3n, argumentando que corresponde al curador la facultad de actuar en representaci\u00f3n de su pupilo, sin realizar distinci\u00f3n alguna en torno a la naturaleza de los bienes de su propiedad. En su criterio, forman parte del patrimonio de Jos\u00e9 no solo los derechos sociales, sino tambi\u00e9n la facultad de administrar la sociedad, que ahora deber\u00e1 ejercer su curador (rol N\u00ba 11.575-2018, 29 de enero de 2019). El banco apel\u00f3 la sentencia y la Corte Suprema confirm\u00f3, sin agregar m\u00e1s consideraciones (rol N\u00ba 3879-2019, 28 de febrero de 2019).<\/p>\n\n\n\n

Por las razones ya expuestas, me parece que estas decisiones judiciales son equivocadas (despu\u00e9s de todos, est\u00e1bamos en sede de protecci\u00f3n); pero tambi\u00e9n sobraron los argumentos del Banco. Para justificar su negativa a inscribir los poderes de Alejandro no hac\u00eda falta invocar el car\u00e1cter intuitu personae <\/em>del mandato, bajo esa idea \u2013tan querida para el derecho civil\u2013 de que el mandato es un \u201ccontrato de confianza\u201d; ni mucho menos echar mano del affectio societatis<\/em>, que ensucia tanto el an\u00e1lisis. En realidad, el mandato de Talcahuano a Jos\u00e9 no se funda en la pura confianza del mandante, porque el administrador estatutario no solo tiene un deber de administrar sino tambi\u00e9n un derecho a hacerlo, y por eso el art. 2072 CC se\u00f1ala que solo puede ser revocado por justa causa. La cl\u00e1usula de administraci\u00f3n estatutaria es parte del reparto de poderes entre los socios efectuada por el contrato. El administrador estatutario tiene un leg\u00edtimo inter\u00e9s en ser \u00e9l quien administra, y los dem\u00e1s socios deben respetar este derecho privativo del administrador. Por eso es razonable que, ante la sospecha de su incapacidad, para quitarle esta facultad sea precisa la interdicci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

De aqu\u00ed no se sigue que el derecho de administrar una sociedad forme parte del patrimonio del pupilo cuya administraci\u00f3n se encomienda al guardador, como erradamente afirm\u00f3 la Corte de Concepci\u00f3n. M\u00e1s bien, corresponde arribar a alguna soluci\u00f3n que no solo sea coherente con los textos legales, sino que resguarde la distribuci\u00f3n de poder pactada por los socios. <\/p>\n\n\n\n

<\/i><\/span>C\u00f3mo se administra una sociedad cuyo administrador ha sido interdicto <\/h4>
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El art. 2081 CC establece este sistema de administraci\u00f3n \u201cno habi\u00e9ndose conferido la administraci\u00f3n a uno o m\u00e1s de los socios\u201d. Caballero ha propuesto extender esta supletoriedad del mandato t\u00e1cito y rec\u00edproco para el caso del impedimento temporal del administrador estatutario (2014, pp. 370-371). \u00bfCabe aplicarla tambi\u00e9n al caso del impedimento definitivo? En mi opini\u00f3n, la respuesta no puede ser autom\u00e1tica, sino que debe atenderse justamente a esa distribuci\u00f3n de poder.<\/p>\n\n\n\n

En el caso Talcahuano<\/em>, aun cuando no hab\u00eda una expl\u00edcita cl\u00e1usula de sustituci\u00f3n del administrador, la sociedad conservaba otros dos administradores capaces. \u00bfPor qu\u00e9 pasar al sistema de administraci\u00f3n del art. 2081 CC si, aun faltando Jos\u00e9, todav\u00eda pueden administrar Alejandro y Antonio conjuntamente? \u00bfCu\u00e1l de estas dos soluciones cuadrar\u00eda mejor con el reparto de poder convenido entre los socios? <\/p>\n\n\n\n

Pens\u00e9moslo: es una sociedad familiar que administra o bien el padre de forma individual, o bien los hijos de forma conjunta. Parece que se hubiera previsto la posibilidad de un conflicto entre hermanos \u2013cosa nada infrecuente\u2013 y entonces se hubiera dicho: el pap\u00e1 manda, salvo acuerdo entre los hermanos. Si esto es as\u00ed, lo razonable ser\u00eda que en adelante Alejandro y Antonio deben ponerse de acuerdo para administrar juntos o, siendo irreversible el conflicto, disolver la sociedad por renuncia por grave motivo ex <\/em>art. 2108 inc. 2\u00b0 CC. Si, en cambio, se volviera al mandato t\u00e1cito y rec\u00edproco y Antonio y Alejandro gozaran de las facultades que con tanta generosidad ofrece el art. 2081 (\u00a1\u201ccada socio podr\u00e1 servirse para su uso personal de las cosas pertenecientes al haber social\u201d!), bien r\u00e1pido se llegar\u00eda a ese estado de guerra fratricida que los estatutos intentaron evitar.<\/p>\n\n\n\n

Pero en otras situaciones la soluci\u00f3n podr\u00eda ser distinta. Si no se hab\u00eda designado ning\u00fan administrador aparte del incapacitado, y a falta de una cl\u00e1usula para su sustituci\u00f3n, el retorno a la regla del mandato t\u00e1cito y rec\u00edproco parece correcto. En este caso, cabe suponer que el socio administrador se reserv\u00f3 la gesti\u00f3n privativa de la empresa para proteger su inversi\u00f3n en ella (t\u00edpicamente, una \u201cinversi\u00f3n humana\u201d: informaci\u00f3n, contactos, clientes, cr\u00e9dito); as\u00ed lo he defendido en otro lugar (Manterola, 2021, pp. 121-123). Incapacitado para cuidar de sus propios intereses (y constatada esa incapacidad judicialmente por la interdicci\u00f3n), la administraci\u00f3n privativa ya no se justifica y entonces no se divisa obst\u00e1culo para la aplicaci\u00f3n del mandato t\u00e1cito y rec\u00edproco.<\/p>\n\n\n\n

Se dir\u00e1 que es bien engorroso este m\u00e9todo de administraci\u00f3n. A eso cabe responder que los socios son bien libres para acordar uno distinto, cosa que exige el art. 2073 CC para reactivar la sociedad disuelta por remoci\u00f3n del administrador estatutario (v\u00e9ase Caballero, 2015, p. 662), tambi\u00e9n cuando se ha hecho \u201cincapaz de administrar \u00fatilmente\u201d. A veces el legislador escoge reglas supletorias no porque sean pr\u00e1cticas, sino porque no lo son: as\u00ed incentiva a las partes a que convengan una regla distinta. Si \u201ccada cual tiene un trip<\/em> en el bocho\u201d y es \u201cdif\u00edcil que lleguemos a ponernos de acuerdo\u201d, entonces mejor que se disuelvan. <\/p>\n\n\n\n

<\/i><\/span>Bibliograf\u00eda <\/h4>
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