{"id":1820,"date":"2026-05-04T08:00:00","date_gmt":"2026-05-04T08:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/eloficio.cl\/?p=1820"},"modified":"2026-05-04T02:04:29","modified_gmt":"2026-05-04T02:04:29","slug":"que-facultades-tiene-el-comitente-en-el-contrato-de-encargo-de-obra-intelectual","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/eloficio.cl\/index.php\/2026\/05\/04\/que-facultades-tiene-el-comitente-en-el-contrato-de-encargo-de-obra-intelectual\/","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 facultades tiene el comitente en el contrato de encargo de obra intelectual?"},"content":{"rendered":"\n
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\u00abEl contrato de encargo de obra intelectual no transfiere, por s\u00ed solo, facultad patrimonial alguna sobre la creaci\u00f3n encomendada: el comitente adquiere el soporte material, pero no el corpus mysticum<\/em>\u00ab<\/p>\n<\/blockquote>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

<\/i><\/span>Planteamiento del problema <\/h4>
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Cuando un comitente encarga a un fot\u00f3grafo, un dise\u00f1ador gr\u00e1fico o un ilustrador la creaci\u00f3n de una obra intelectual y el contrato nada dice sobre cu\u00e1les son los derechos que se transfieren, o bien sus cl\u00e1usulas son ambiguas al respecto, acto seguido, surge una pregunta que la doctrina y los tribunales deben resolver: \u00bfCu\u00e1les son los derechos que el comitente tiene respecto de la obra encargada?\u00bfPuede, por ejemplo, quien encarg\u00f3 una fotograf\u00eda para ilustrar una revista reproducirla luego en camisetas o carteles? \u00bfO quien contrat\u00f3 un logotipo para una campa\u00f1a publicitaria, puede emplearlo en un soporte completamente distinto del previsto?<\/p>\n\n\n\n

La Ley N\u00b0 17.336 sobre Propiedad Intelectual<\/a> (LPI) no contiene una reglamentaci\u00f3n espec\u00edfica sobre este tipo de contrato que resuelva de forma directa este problema. Sin embargo, a partir de sus disposiciones y de los principios de interpretaci\u00f3n reconocidos por el derecho comparado es posible construir una respuesta para el derecho chileno.<\/p>\n\n\n\n

Para ello dividiremos nuestro an\u00e1lisis en tres capas o niveles. El primero, nos haremos cargo de determinar de qui\u00e9n es la titularidad de la obra material. A continuaci\u00f3n, nos situaremos en la hip\u00f3tesis en que el contrato de encargo menciona de manera expresa las facultades patrimoniales que goza el comitente sobre la obra. Por \u00faltimo, trataremos el supuesto en que la convenci\u00f3n pactada autoriza al comitente a ciertos usos sobre la obra, pero tal permiso carece de claridad en sus t\u00e9rminos, teniendo lugar dudas interpretativas sobre su alcance.  <\/p>\n\n\n\n

<\/i><\/span>El efecto propio del contrato de encargo: la titularidad sobre la obra material a favor del comitente <\/h4>
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En t\u00e9rminos simples el encargo de una obra intelectual es aquel contrato por el cual una de las partes se compromete a crear una obra y la otra a pagar un precio cierto por ella (Evangelio, 2006, p. 42). Lo complejo que tiene este convenio es determinar cu\u00e1les son sus efectos, esto es, si el comitente al aceptar la obra elaborada por el autor contratista s\u00f3lo adquiere el soporte material de ella, o bien, se le conceden ciertos derechos patrimoniales sobre la misma, como ser\u00eda el derecho a reproducirla o distribuir ejemplares, siendo esta \u00faltima consecuencia un elemento de la esencia de esta convenci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Como ya hemos adelantado, la LPI no contempla reglas sobre este contrato, y por ello se debe sostener que el comitente, en principio, s\u00f3lo adquiere el soporte material (corpus mechanicum<\/em>) de la obra, pero que carecer\u00eda de facultades patrimoniales sobre ella (corpus mysticum<\/em>).<\/p>\n\n\n\n

Esta regla general se concluye debido a que s\u00f3lo en virtud de disposiciones aisladas de la LPI al comitente se le asignan de manera derivativa ciertos derechos patrimoniales, como lo es el art\u00edculo 8\u00ba, inciso 3\u00ba de la LPI<\/a> que se refiere en particular a los programas computacionales. Del mismo modo, se pueden encontrar normas similares a prop\u00f3sito de las obras period\u00edsticas (art\u00edculo 24, letra c, numeral 2 de la LPI<\/a>), o las obras fotogr\u00e1ficas (art\u00edculo 34 de la LPI<\/a>). Luego, en atenci\u00f3n a que las prescripciones legales citadas tienen el car\u00e1cter de excepci\u00f3n, se confirma que la directriz general de la LPI es que el contrato de encargo de obra no tiene el efecto in natura<\/em> de concederle facultades patrimoniales al comitente sobre tal creaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Esta posici\u00f3n ha sido expresada por la Corte Suprema en sentencia de 14 de mayo de 2018 (Rol N\u00b0 4.851-2017), al decir: \u201cQue la obra por encargo, en general, no plantea dificultades. Autor es quien produce la obra, no quien la encarga. Es aqu\u00e9l, y no \u00e9ste, quien goza de los derechos que la ley confiere al autor. (\u2026) Hay, sin embargo, dos hip\u00f3tesis en que la ley invierte esta regla general: tal es el caso respecto de los programas computacionales y enciclopedias, diccionarios y otras compilaciones an\u00e1logas. En estos casos, de conformidad con reglas especial\u00edsimas, se altera el principio general y la ley confiere los derechos de autor a quien encarga la obra\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Con posterioridad, la misma Corte Suprema, en sentencia de 8 de marzo de 2022 (Rol N\u00b0 131.673-2020), se explaya sobre el punto: \u201c(\u2026) la obra por encargo<\/em> son [sic] aquellas en que, mediante una ficci\u00f3n, los derechos de autor se radican en forma originaria en una persona diversa a quien desarrolla la obra y, por lo mismo, en nuestro pa\u00eds constituyen una excepci\u00f3n. (\u2026) Se trata, por tanto de una figura excepcional y especial\u00edsima que requiere texto expreso de la ley. Hay, sin embargo, dos hip\u00f3tesis en que la ley invierte esta regla general: tal es el caso respecto de los programas de computaci\u00f3n -art\u00edculo 8\u00b0 inciso segundo de la ley en comento- y enciclopedias, diccionarios y otras compilaciones an\u00e1logas, en las cuales, de conformidad con las reglas especial\u00edsimas, se altera el principio general y la ley confiere derechos de autor a quien encarga la obra\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Asimismo, la postura mencionada es consistente con la doctrina comparada, como es la espa\u00f1ola (Serrano, 2001, p. 77) y la francesa (Denoix, 1999, p. 178). En el caso de este \u00faltimo pa\u00eds, este extremo se recoge de forma expresa en el art\u00edculo 111-3 del C\u00f3digo de Propiedad Intelectual de Francia<\/a>, que declara: \u201cLa propiedad incorporal definida por el art\u00edculo L. 111-1 es independiente de la propiedad del objeto material. El adquirente de este objeto no deber\u00eda, en virtud de dicha adquisici\u00f3n, poseer ninguno de los derechos previstos en este C\u00f3digo, salvo en los casos previstos en las disposiciones del segundo y tercer p\u00e1rrafo del art\u00edculo\u201d.<\/p>\n\n\n\n

A partir de lo expresado, se debe establecer como primera conclusi\u00f3n de nuestro an\u00e1lisis que el contrato de encargo de obra s\u00f3lo le concede al comitente la propiedad sobre el soporte material de la creaci\u00f3n encomendada, lo que tendr\u00e1 lugar una vez recibida la misma, empero, carecer\u00e1 de facultades patrimoniales sobre ella, como es su reproducci\u00f3n o la distribuci\u00f3n de sus copias.   <\/p>\n\n\n\n

<\/i><\/span>El efecto modelado por las partes: La autorizaci\u00f3n expresa de derechos patrimoniales <\/h4>
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Una vez que hemos establecido que la LPI no concede al contrato de encargo de obra intelectual el efecto de asignar ciertos derechos patrimoniales sobre ella al comitente, acto seguido, esto no impide que las partes puedan naturalmente estipular sobre ello, como, por ejemplo, que el autor contratista le autorice al comitente explotar los derechos de reproducci\u00f3n y de distribuci\u00f3n de la obra encomendada.<\/p>\n\n\n\n

Sin perjuicio de esta apertura a la autonom\u00eda privada, el legislador de LPI, receloso que los autores fueran despojados de sus derechos, dispuso de diversos mecanismos de protecci\u00f3n a favor de los creadores, quienes eran considerados la parte d\u00e9bil de la industria cultural.<\/p>\n\n\n\n

As\u00ed, la primera herramienta normativa que se estableci\u00f3 en la LPI fue que toda autorizaci\u00f3n de utilizaci\u00f3n de derechos patrimoniales por el autor a favor de terceros deb\u00eda ser expresa, no admiti\u00e9ndose las denominadas autorizaciones t\u00e1citas o impl\u00edcitas con ocasi\u00f3n de la celebraci\u00f3n de contratos de explotaci\u00f3n de obras intelectuales, entre ellos el encargo de obra (amplias referencias sobre ello en Bernet y Sierra, 2019, pp. 113-119<\/a>).<\/p>\n\n\n\n

El segundo eslab\u00f3n de esta cadena de tutela a los autores es el extremo formalismo en cuanto c\u00f3mo debe ser otorgada la autorizaci\u00f3n expresa. En otras palabras, este acto no puede efectuarse de cualquier forma, ello con independencia del tipo contractual que escojan las partes, puesto que tal permiso deber\u00e1 someterse a las exigencias del art\u00edculo 20, inciso 2\u00b0 de la LPI<\/a>, que requiere que al menos se indique con precisi\u00f3n cu\u00e1les son los derechos concedidos a la persona autorizada, el plazo de duraci\u00f3n de esta licencia, la remuneraci\u00f3n a pagar o el territorio de aplicaci\u00f3n de la autorizaci\u00f3n, entre otros imperativos.  <\/p>\n\n\n\n

As\u00ed lo dictamin\u00f3 la Corte Suprema, en sentencia de 8 de marzo de 2022 (Rol N\u00b0 131.673-2020), al decir: \u201c(\u2026) es posible concluir que la autorizaci\u00f3n que concede el autor a un tercero debe ser expresa y que dicha cualidad se cumple exclusivamente bajo los par\u00e1metros impuestos en el inciso segundo del art\u00edculo 20 en an\u00e1lisis, sin que sea posible admitir la existencia de una autorizaci\u00f3n t\u00e1cita. En otras palabras, no basta con el que el autor autorice -ya verbalmente, por escrito o por actos posteriores- a un tercero a usar su obra, sino que tal autorizaci\u00f3n debe ser manifestada cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos impuestos en la citada disposici\u00f3n. Luego, si dichas exigencias no son cumplidas el tercero no se encontrar\u00e1 autorizado, incurriendo en las sanciones civiles y penales que la misma disposici\u00f3n establece\u201d.<\/p>\n\n\n\n

A mayor abundamiento, cabe indicar que la soluci\u00f3n planteada por el legislador chileno tiene como fuente material el art\u00edculo 31, p\u00e1rrafo tercero, de la Ley de Propiedad Intelectual de Francia de 1957 (actual art\u00edculo L131-3 del C\u00f3digo de Propiedad Intelectual franc\u00e9s<\/a>) que prescribe una regla muy similar al art\u00edculo 20, inciso 2\u00b0 de LPI. En tal norma francesa se indica lo siguiente: \u201cLa cesi\u00f3n de los derechos del autor estar\u00e1 subordinada a la condici\u00f3n de que cada uno de los derechos cedidos sea objeto de una menci\u00f3n por separado en el contrato de cesi\u00f3n y que el \u00e1mbito de explotaci\u00f3n de los derechos cedidos quede delimitado en cuanto a su alcance y su destino, as\u00ed como en cuanto al lugar y a la duraci\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n

As\u00ed, en virtud de esta norma, para la jurisprudencia francesa no resulta v\u00e1lida la autorizaci\u00f3n dada por el autor si en el contrato s\u00f3lo consta una menci\u00f3n gen\u00e9rica a alguna de estas exigencias (Denoix, 1999, p.  179; Lucas, Lucas-Schloetter y Bernault, 2017, p. 624). Asimismo, se han considerado nulas las cesiones en que se estipula que el autor transfiere todos sus derechos sobre una obra, toda vez que con ello se infring\u00eda la regla de especificidad de los derechos cedidos por el titular a un tercero.<\/p>\n\n\n\n

En definitiva, si en el contrato de encargo de obra nada se dice respecto de cu\u00e1les son los derechos concedidos al tercero (ya sea el derecho de reproducci\u00f3n o de distribuci\u00f3n), o cu\u00e1l ser\u00e1 el \u00e1mbito temporal de la explotaci\u00f3n (de duraci\u00f3n definida o perpetua) o su alcance territorial aplicable a la autorizaci\u00f3n (Chile o todo el mundo), s\u00f3lo cabe considerar que esta autorizaci\u00f3n ser\u00e1 ineficaz. Este razonamiento se confirma con la regla de interpretaci\u00f3n estricta del art\u00edculo 20, inciso final de la LPI<\/a>, que dispone que, al menos, en la autorizaci\u00f3n deben figurar los derechos objeto de la misma, cuesti\u00f3n que en caso alguno puede ser integrada por el juez.<\/p>\n\n\n\n

<\/i><\/span>La interpretaci\u00f3n de una autorizaci\u00f3n dada por el autor cuyos t\u00e9rminos son ambiguos   <\/h4>
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El \u00faltimo problema que se presenta es aquel en que el contrato de encargo de obra contiene entre sus cl\u00e1usulas una autorizaci\u00f3n dada por el autor contratista a favor del comitente, pero tal permiso es ambiguo, y por ellos sus alcances son dif\u00edcil de precisar con detalle.<\/p>\n\n\n\n

Para solucionar esta cuesti\u00f3n, la dogm\u00e1tica francesa del derecho autor (Lucas, Lucas-Schloetter y Bernault, 2017, pp. 641-647) ha determinado un conjunto de reglas de interpretaci\u00f3n que deben ser aplicadas por los tribunales en los pleitos referidos a los contratos de explotaci\u00f3n de obras intelectuales. Es as\u00ed que se distinguen como tales: (i) el principio de independencia de los derechos de explotaci\u00f3n; (ii) el principio de interpretaci\u00f3n estricta; (iii) el principio de no admisi\u00f3n de los modos de explotaci\u00f3n no previstos en el contrato, y (iv) el principio de no admisi\u00f3n de los usos o destinos no previstos en el contrato.<\/p>\n\n\n\n

En cuanto al principio de independencia de los derechos de explotaci\u00f3n, se refiere a que, en los negocios jur\u00eddicos relativos a los derechos patrimoniales, la cesi\u00f3n o licencia de uno de ellos, no implica a su vez la cesi\u00f3n o licencia del otro. As\u00ed, a modo de ejemplo, el art\u00edculo L 122-7, inciso 2\u00b0 del C\u00f3digo de Propiedad Intelectual franc\u00e9s<\/a> prescribe que \u201cLa cesi\u00f3n del derecho de representaci\u00f3n no importa la cesi\u00f3n del derecho de reproducci\u00f3n.\u201d. Por lo tanto, al tercero que se sirve de una obra ajena s\u00f3lo se le reconocer\u00e1 el derecho espec\u00edfico que le fue cedido o permitido utilizar, no pudiendo entenderse asignado otras facultades que no hayan sido expresamente mencionadas en el acto jur\u00eddico en particular. De esta forma, si se dice que el autor que le ha transferido a un tercero el derecho a reproducir un logotipo, ello no implica que lo ha autorizado para ocuparlo en un spot publicitario.<\/p>\n\n\n\n

Respecto al principio de interpretaci\u00f3n estricta, se esgrime que la transferencia o autorizaci\u00f3n de los derechos patrimoniales se limitar\u00e1 a aquello que se haya acordado claramente por las partes. Ahora bien, en el caso que el juez tenga que interpretar cl\u00e1usulas ambiguas, se deber\u00e1 aplicar las mismas de un modo favorable al autor. A partir de lo dicho, se debe comprender que el creador se ha reservado cualquier derecho o modo de explotaci\u00f3n de su producci\u00f3n que no est\u00e9 incluido de manera expresa en el contrato respectivo.<\/p>\n\n\n\n

Acerca del principio de no admisi\u00f3n de los modos de explotaci\u00f3n no previstos en el contrato, el mismo se encuentra estrechamente vinculado con el principio revisado previamente, y da cuenta que para ser coherente con el esp\u00edritu de la Ley de Propiedad Intelectual, cada uno de los modos de explotaci\u00f3n de una creaci\u00f3n ajena deben especificarse en la transferencia o licencia espec\u00edfica, y con ello, a falta de una menci\u00f3n expresa en el contrato, se entender\u00e1 que toda nueva forma de explotaci\u00f3n de una obra exigir\u00e1 de un nuevo acuerdo entre las partes. As\u00ed, a modo de ilustraci\u00f3n, en el caso que se autorice la representaci\u00f3n de una obra dram\u00e1tica de manera p\u00fablica, ello en ausencia de una menci\u00f3n expresa en el contrato, no habilitar\u00e1 para que dicha creaci\u00f3n sea a su vez televisada.<\/p>\n\n\n\n

Finalmente, en cuanto al principio de no admisi\u00f3n de los usos o destinos no previstos en el contrato, se se\u00f1ala que este es aplicable en los supuestos en que el cedente le reprocha al cesionario que no ha cumplido con el fin o el destino convenido, incluso si el uso denunciado no es contrario a las facultades concedidas. A modo de ejemplo, cuando la cesi\u00f3n o autorizaci\u00f3n sobre una creaci\u00f3n se limit\u00f3 respecto de un determinado n\u00famero de a\u00f1os, y el tercero se excede en dicho plazo, o bien, se concedi\u00f3 el uso s\u00f3lo para un ejemplar de una revista, y ello no se cumple por el editor de una publicaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Como puede apreciarse este conjunto de principios, aplicados de manera arm\u00f3nica y conjunta, nos entregan una completa orientaci\u00f3n para determinar si el tercero que utiliza una obra ajena se encuentra realizando un uso dentro de los t\u00e9rminos permitidos, o bien, est\u00e1 infringiendo los derechos del titular de la creaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

A nuestro parecer los principios de interpretaci\u00f3n revisados en el derecho franc\u00e9s son plenamente aplicables a nuestro entorno. Es as\u00ed que, en cuanto al principio de independencia de los derechos de explotaci\u00f3n, se infiere el mismo de un c\u00famulo de disposiciones contenidas en la LPI, como es el art\u00edculo 24, letra c), numeral 1\u00b0<\/a>, primer p\u00e1rrafo; el art\u00edculo 28, inciso 2\u00ba<\/a>; art\u00edculo 31; y en particular el art\u00edculo 49, inciso 1\u00b0<\/a>, prescripci\u00f3n dispuesta en el contrato de edici\u00f3n, indica que: \u201cEl contrato de edici\u00f3n no confiere al editor otros derechos que el de imprimir, publicar y vender los ejemplares de la obra en las condiciones convenidas. El autor retiene los derechos exclusivos de traducci\u00f3n, presentaci\u00f3n en p\u00fablico, adaptaci\u00f3n cinematogr\u00e1fica, fonogr\u00e1fica o televisual y todos los dem\u00e1s de utilizaci\u00f3n de la obra.\u201d.<\/p>\n\n\n\n

A mayor abundamiento, cabe mencionar que este principio de independencia de los derechos de explotaci\u00f3n es reconocido por la jurisprudencia y la doctrina. Es as\u00ed que, en la sentencia de la Corte Suprema, de 15 de mayo de 2018 (Rol N\u00ba 55.082-2016) se afirma: \u201cLo anterior se encuentra en sinton\u00eda con el principio doctrinal de independencia de los derechos econ\u00f3micos, que en nuestra legislaci\u00f3n se encuentra consagrado expresamente en el inciso final del art\u00edculo 20, que dispone: \u2018A la persona autorizada no le ser\u00e1n reconocidos derechos mayores que aquellos que figuren en la autorizaci\u00f3n, salvo los inherentes a la misma seg\u00fan su naturaleza\u2019\u201d. Por su parte, la doctrina ha se\u00f1alado al respecto: \u201cEstas facultades se caracterizan a su vez por ser independientes, en el sentido de que cada uno de los derechos patrimoniales consagrados en la ley se ejercen y explotan de forma aut\u00f3noma.\u201d (Walker, 2014, p. 158). <\/p>\n\n\n\n

Por otro lado, el principio de interpretaci\u00f3n estricta, del cual a su vez puede dimanar los dem\u00e1s principios revisados, se encuentra especialmente consagrado en el art\u00edculo 20, inciso final de la LPI<\/a>, que dice: \u201cA la persona autorizada no le ser\u00e1n reconocidos derechos mayores que aquellos que figuren en la autorizaci\u00f3n, salvo los inherentes a la misma seg\u00fan su naturaleza.\u201d.  De esta manera, seg\u00fan esta regla de interpretaci\u00f3n, al tercero no se le considerar\u00e1n m\u00e1s derechos que aquellos expresamente indicados en la autorizaci\u00f3n, con la salvedad de aquellos que por su naturaleza se consideran incluidos en ella (Walker, 2014, p. 158).  <\/p>\n\n\n\n

Ahora bien, reconociendo que el legislador chileno ha optado por una interpretaci\u00f3n estricta en sede de autorizaci\u00f3n o licencia, cabe desentra\u00f1ar qu\u00e9 derechos no mencionados espec\u00edficamente en la autorizaci\u00f3n podr\u00eda detentar el tercero. Creemos que la respuesta a esta interrogante se encuentra en la parte final del art\u00edculo 20, inciso final, de la LPI<\/a>, esto es, en la frase: \u201cSalvo los inherentes a la misma seg\u00fan su naturaleza\u201d.<\/p>\n\n\n\n

En cuanto a este precepto, resultan llamativas dos palabras contenidas en el mismo, a saber, inherente<\/em> y naturaleza<\/em>. As\u00ed, en cuanto a inherente<\/em>, de acuerdo con el Diccionario de la RAE, es aquello: \u201cQue por su naturaleza est\u00e1 de tal manera unido a algo, que no se puede separar de ello. Derechos inherentes a su cargo.\u201d, mientras que, por naturaleza<\/em>, se indica en dicho texto: \u201cVirtud, calidad o propiedad de las cosas.\u201d. Finalmente, por propiedad<\/em>, se debe comprender: \u201cAtributo o cualidad esencial de alguien o algo.\u201d. Por lo tanto, s\u00f3lo estar\u00eda cubierto la utilizaci\u00f3n de una obra por un tercero respecto a otros derechos que no figuren en la autorizaci\u00f3n, en la medida que sean inseparables a la misma, y est\u00e9n de acuerdo con su esencia, o en palabras de la LPI, a la naturaleza de la autorizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

A partir de lo dicho, en la tarea de delimitar qu\u00e9 es inherente a la esencia de una autorizaci\u00f3n en el Derecho de autor, se proponen las siguientes reglas interpretativas:<\/p>\n\n\n\n