Por Rodrigo Hoyl 
Un matrimonio deja su auto estacionado en la calle mientras participa de una comida familiar. Al salir, dos horas y media después, el vehículo ya no está. Llama al municipio, revisa si hubo operativo de Carabineros, pregunta a vecinos. Solo cuando descarta esas alternativas, casi seis horas después, concurren a la comisaría a denunciar el robo. Cuando reclaman la indemnización, la aseguradora rechaza: la póliza exigía “denuncia inmediata”, y seis horas no es inmediato.
¿Puede negar el pago por esa sola razón? La respuesta parece obvia en los hechos –seis horas es razonable–, pero el problema es más profundo: ¿puede el asegurador, contractualmente, condicionar el derecho a indemnizar a que el asegurado denuncie el robo ante la policía u otra autoridad competente dentro de un plazo determinado?
Esta cláusula es habitual en pólizas automotrices. Algunas definen “inmediata” con plazo numérico (dos horas), otras la dejan ambigua. La gran mayoría comparte algo: configuran la denuncia policial como condición de cobertura, de modo que su incumplimiento produce automáticamente la pérdida total del derecho a indemnización, sin necesidad de acreditar perjuicio alguno al asegurador.
La respuesta a esa pregunta de fondo, según se argumentará, es negativa. El Código de Comercio construye a lo largo de su normativa un catálogo cerrado de causales que pueden exonerar al asegurador del pago de la indemnización, y la denuncia tardía no figura en él. La doctrina nacional reciente ha advertido, además, que liberar al asegurador del pago por el solo incumplimiento de un deber secundario es una confusión dogmática que la Ley N° 20.667, que reformó el Título VIII del Libro II del Código de Comercio para introducir una nueva legislación sobre el seguro, vino a corregir.
Un caso que llegó hasta la Corte Suprema sirve para ilustrarlo. Plataforma Group SpA, asegurada de BCI Seguros bajo la póliza POL120130214, sufrió el robo de su vehículo y denunció nueve horas después. BCI rechazó la cobertura por incumplimiento de denuncia “inmediata”. El tribunal arbitral acogió la excepción de BCI y desestimó la demanda. La Corte de Apelaciones de Santiago (por sentencia de 23 de junio de 2025, rol n° 8996-2023) revocó: aplicando el artículo 1566 del Código Civil y el artículo 130 del Código Procesal Penal, concluyó que nueve horas satisfacía el estándar de inmediatez. La Corte Suprema (sentencia de 22 de diciembre de 2025, rol 34.948-2025) rechazó la casación de BCI por manifiesta falta de fundamento, confirmando que la obligación de indemnizar procedía.
El resultado es correcto. Pero los tribunales lo resolvieron interpretativamente –¿qué significa “inmediata”?– en vez de examinando si esa cláusula es, en sí misma, válida bajo el estatuto imperativo del seguro.
El Código de Comercio no deja a la autonomía de la voluntad fijar libremente cuándo el asegurador puede liberarse de su obligación legal de indemnizar. El artículo 512 del Código de Comercio impone esa obligación como el núcleo del contrato. El artículo 529 N°2 la confirma como obligación del asegurador. Y los artículos 525, 526, 528, 535 y 539 establecen un catálogo cerrado de causales de exoneración: reticencia en la declaración del riesgo, agravación del riesgo no informada, no pago de prima, dolo o culpa grave del asegurado, o declaración sustancialmente falsa al reclamar. No encontramos una norma que se refiera a la denuncia policial tardía.
El artículo 531 del Código de Comercio lo confirma: el siniestro se presume cubierto, y solo se destruye esa presunción por un hecho relativo a su causa según el contrato o la ley. El robo ocurrió; la denuncia tardía no dice nada sobre si ocurrió o no, solo sobre cuán rápido se informó. Eso no destruye la presunción.
Conviene precisar, además, que en Chile la víctima particular de un delito no tiene obligación legal de denunciar. El artículo 84 del Código Procesal Penal impone esa obligación solo a determinadas personas en razón de su cargo o función –miembros de las policías, jefes de establecimientos de salud o educacionales, entre otros–; el particular afectado por un robo puede denunciar, y normalmente lo hará por su propio interés, pero no está legalmente obligado a hacerlo ni sujeto a plazo alguno para ello. Que una póliza convierta en condición de cobertura una conducta que ni siquiera constituye un deber legal revela la desproporción de la exigencia.
El artículo 569 del Código de Comercio revela que el legislador, al regular específicamente el seguro de robo, no buscó proteger al asegurador mediante requisitos previos al pago. Una cláusula que bloquea la indemnización hasta que se acredite el delito mediante denuncia inmediata se aparta del esquema que el art. 569 revela: pagar sin condición previa de acreditación, y repetir después si falla judicialmente la existencia del delito.
La doctrina (Lagos y Ríos, 2024) añade un argumento decisivo sobre la naturaleza de los deberes secundarios: cuando se incumplen, pueden dar lugar a disminución proporcional de la indemnización, nunca a pérdida total automática. Configurarlos como condición suspensiva es una “analogía imprecisa” que confunde deber secundario con carga del acreedor. En el caso de la denuncia policial, si se la entiende como un deber secundario de colaboración (como debería ser), su incumplimiento tardío no puede producir la exoneración automática que la póliza pretende imponer.
Finalmente, el artículo 542 del Código de Comercio impone que el contrato de seguro sea imperativo y solo sean válidas las estipulaciones más beneficiosas para el asegurado. Una cláusula que impone un plazo rígido (“inmediata”, “dos horas”) para una obligación sin estándar legal propio –la denuncia a la policía no está regulada en el Código de Comercio– es más gravosa que la ley, y por tanto inválida.
Una revisión simple de varios modelos de póliza depositados en la CMF muestra que no existe criterio uniforme de mercado. Algunos imponen “inmediata” sin definir plazo (como la compañía de seguros del caso Plataforma Group). Otros fijan dos horas explícitamente. Otros exigen la denuncia pero no como “condición suspensiva”, sino como deber secundario. Y algunos modelos –como la POL120220095– estructuran la obligación de denunciar sin imponer plazo rígido alguno, ni convertirla automáticamente en pérdida del derecho.
Si algunas aseguradoras estructuran sus pólizas sin imponer plazo rígido, no hay razón para que otras aseguradoras lo hagan. Esto demuestra que las cláusulas más severas no son una necesidad del negocio asegurador, sino una opción contractual severa. Por tanto, no es excesivo exigir que se eliminen en favor de un estándar menos drástico que respete la naturaleza de los deberes secundarios de colaboración.
El caso hipotético inicial –el matrimonio que denuncia seis horas después– terminaría hoy en un proceso judicial donde un tribunal interpretaría la palabra “inmediata” y probablemente fallaría a favor del asegurado. Eso es mejor que lo opuesto, pero es un remedio insuficiente, lento y caso a caso.
La solución más robusta consiste en reconocer que el Código de Comercio cerró las causales que exoneran al asegurador de su obligación de pagar la indemnización, y la denuncia tardía no está entre ellas. El asegurador puede exigir la denuncia como deber de colaboración, pero su incumplimiento debe probarse que causó perjuicio efectivo, y nunca puede producir la pérdida automática del derecho.
Idealmente, la Comisión para el Mercado Financiero debería ejercer su atribución del artículo 3° DFL N°251 para prohibir modelos de póliza que imponen plazos rígidos de denuncia policial como condición suspensiva sin anclaje legal. Si algunas aseguradoras lo hacen sin esa rigidez, no hay razón para que otras la mantengan. Mientras tanto, los tribunales continuarán resolviendo de forma casuística, interpretando “inmediata” en favor del asegurado, como hizo la Corte Suprema en el caso Plataforma Group. Ambas vías –regulatoria y judicial– son complementarias.
- Lagos, O., y Ríos, R. (2024). Comentario al artículo 524. En El contrato de seguro: Comentarios al Título VIII, Libro II del Código de Comercio. Tirant lo Blanch.
- Ríos, R. (2024). Comentario al artículo 529. En El contrato de seguro: Comentarios al Título VIII, Libro II del Código de Comercio. Tirant lo Blanch.
Rodrigo es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Magíster en Derecho de la Empresa, con mención en Derecho de Seguros, por la Universidad de los Andes (Chile). Actualmente imparte en esta última los cursos de Derecho Comercial y de Derecho de la Empresa. Entre sus investigaciones se cuenta la monografía El Contrato de Seguro, escrito junto a Carlos Ruiz-Tagle.
Crédito imagen: «Winter Scene in Moonlight», Henry Farrer